El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Freedom House han solicitado al Gobierno Federal de México atender la denuncia de uso de bots y perfiles falsos en redes sociales desde Notimex para atacar a periodistas críticos.
A través de su cuenta de Twitter, el Programa de las Américas del CPJ pidió a las autoridades mexicanas investigar con credibilidad las revelaciones de Signa_Lab del ITESO y Article 19, publicada por Aristegui Noticias, de que “la dirección de la agencia de noticias Notimex, una entidad del gobierno federal mexicano, organizó ataques en línea contra periodistas”.
Mexican authorities should credibly investigate the revelations by @Signa_Lab, @article19mex and @AristeguiOnline that the direction of news agency @Notimex, an entity of the Mexican federal government, organized online attacks on journalists. https://t.co/daDu2vibXt
— CPJ Américas (@CPJAmericas) May 14, 2020
Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Washington D. C. y con oficinas en cerca de una docena de países, también se unió al reclamo.
A través de un tuit, pidió una investigación “para evitar la repetición y generar condiciones para ejercer la libertad de expresión de forma segura y sin violencia”.
The claims by @Signa_Lab, @AristeguiOnline and @article19mex, regarding the attacks by @Notimex against journalists, must be investigated to prevent repetition and generate conditions to exercise free expression safely and without violence.
— Freedom House (@freedomhouse) May 14, 2020
Esta semana Aristegui Noticias hizo públicos testimonios de extrabajadores de Notimex, que señalan que la directiva de la agencia de noticias del Estado está realizando acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y ex trabajadores que consideran “adversarios”.
La lista incluía a las periodistas Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga.
Al respecto, la periodista Marcela Turati sostuvo a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de la Función Pública, y la Policía Cibernética, eran las entidades responsables de investigar.
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