“No es suficiente cambiar a los jugadores. Tenemos que cambiar el juego”. Barack Obama
En los últimos tres años se han tomado dos decisiones en el ayuntamiento que dejaron ver que la democracia electoral, que en su esencia consiste en elecciones libres y competitivas con posibilidad de alternancia partidista en el gobierno, es una condición necesaria pero no suficiente para cambiar la forma en que se lleva a cabo el ejercicio del gobierno, para hacerlo más transparente, para orientarlo a las demandas y necesidades de la población, y para hacerlo más confiable para la sociedad. Me refiero a la concesión del servicio de alumbrado público del año 2017, y a la decisión muy reciente, del actual Ayuntamiento, de vender los importantes espacios públicos deportivos de El Cárcamo. La justificación en ambas decisiones fue la carencia de recursos financieros para la prestación de algunos servicios públicos: en la de la concesión del alumbrado, que no había dinero para seguir prestando directamente el servicio, ni para modernizarlo con tecnología led, en tanto que para poner a la venta El Cárcamo, la principal justificación fue la obtención de 120 millones de pesos para rehabilitar las vialidades de la ciudad, obra que según la alcaldesa requiere una inversión superior a los tres mil millones de pesos. Y en lo que respecta al proceso decisorio, en los dos casos se excluyó a los ciudadanos y a diversas organizaciones sociales que mostraron su interés por participar.
En cuanto a la concesión del alumbrado público, ésta implicó un costo para las finanzas municipales superior a los 3 mil 800 millones de pesos, y comprometió por quince años los principales ingresos propios del municipio, como son el impuesto predial y el impuesto de traslación de dominio. Como ya sabemos, esa leonina concesión fue cancelada por el actual ayuntamiento, aunque también con un acuerdo muy costoso para el municipio, de un pago de mil 441 millones de pesos a la empresa concesionaria durante los próximos doce años. En el caso de El Cárcamo, el anuncio del presidente López Obrador de apoyar al gobierno municipal para el bacheo de las calles, y ante una amplia y creciente movilización ciudadana y de organizaciones ambientalistas y deportivas en contra de la venta, llevó al gobierno municipal a suspenderla, pero no a su cancelación, por lo que aún persiste el peligro de ocasionar un grave daño a la escasa infraestructura deportiva pública con la que cuenta la ciudad.
Inevitablemente, los procesos decisorios sobre asuntos de suma importancia para el municipio y su población que se llevan a cabo al margen de la participación ciudadana, del análisis y la discusión pública, ahondan la desconfianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes, enturbian el interés público que puedan tener, y despiertan sospechas de opacidad y corrupción. Esto hace necesario instituir medios que favorezcan la transparencia en las decisiones gubernamentales, y que les den certeza en cuanto a su justificación de interés público, y que de no ser así, posibiliten disuadir al gobierno de sus propuestas de decisión, o en caso de que se tomen, de cancelarlas antes de que se ejecuten o se lleven a la práctica. Y es indiscutible que la participación ciudadana es el mejor medio para ello, pues al ser la ciudadanía la única afectada por las malas decisiones de sus gobernantes, y tener que pagar los compromisos financieros o perder espacios públicos de su ciudad, que aquéllas originan, tiene un incentivo muy importante para intentar evitarlas o cancelarlas.
Son varios los casos en el país que nos demuestran que la participación y la colaboración de la ciudadanía es muy importante para detectar opacidad y corrupción en decisiones y actos gubernamentales, aunque por lo general ha sido cuando ya se han consumado, lo que hace muy difícil recuperar el recurso o patrimonio público afectado. Es por ello que se necesita asegurar una participación ciudadana con funciones de prevención, orientada a evitar o cancelar posibles decisiones que perjudiquen al municipio. Sobre esta función de la participación ciudadana, hace unos meses, el 24 noviembre de 2019, hubo una interesante experiencia de plebiscito en el municipio de Chihuahua para que la ciudadanía aprobara o rechazara el proyecto de concesión del servicio de alumbrado público que había presentado la alcaldesa, y que fue aprobado por el ayuntamiento. La pregunta del plebiscito fue la siguiente: “¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril del 2019, denominado `Iluminamos Chihuahua´ que autoriza concesionar la prestación del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua por un máximo de 15 años?”. El resultado de la votación fue el de una mayoría absoluta por el NO, y aun cuando no se registró la participación ciudadana requerida por ley para que el resultado fuera vinculatorio para el ayuntamiento, que es del 10 %, aunque sí fue muy cercana, del 8.9 %, la alcaldesa respetó esa decisión y canceló el proyecto de concesión. Durante la campaña electoral del plebiscito hubo diversos eventos en los que tanto el gobierno, defensor de la concesión, como sus opositores, organizaciones sociales y grupos de ciudadanos, dieron a conocer a la ciudadanía en general sus argumentos, datos e información a favor del SÍ y a favor del NO, respectivamente, como el foro “Plebiscito Chihuahua 2019” (https://www.youtube.com/watch?v=uxT_gJ96U0Y) organizado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y transmitido en vivo en su página web, en las redes sociales, y en diversos medios locales, lo que permitió a la ciudadanía conocer ampliamente el proyecto y generar una discusión pública sobre el tema. Ese plebiscito fue un ejercicio democrático a través del cual la ciudadanía pudo participar de manera informada y directa en el proceso decisorio, transparentar el proyecto, y cancelar una decisión que dañaba seriamente las finanzas de su municipio, pues el costo de inversión del proyecto “Iluminamos Chihuahua” era superior a los seis mil millones de pesos, a pagar en un plazo de quince años.
Tanto para el municipio de Hermosillo, como para los demás municipios del Estado, la Ley de Participación Ciudadana incluye dos mecanismos de participación ciudadana con una función preventiva, como son la consulta vecinal, y por medio de la cual los ciudadanos pueden “…emitir su opinión respecto a propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residen”, y el plebiscito, que también es una consulta pero con efectos vinculantes para las autoridades, y mediante la cual la ciudadanía aprueba o rechaza actos o decisiones de los Ayuntamientos que sean trascendentes para la vida pública del municipio. Pero en ninguna de las dos decisiones, la de concesionar el servicio de alumbrado público, y la de poner a la venta El Cáracamo, el gobierno mostró interés en consultar a la ciudadanía; ni para conocer su opinión a través de una consulta vecinal, ni para que tuviera la oportunidad de rechazarlas o aprobarlas en un plebiscito. Pero el gobierno tampoco les dio la oportunidad a los ciudadanos para que promovieran una consulta vecinal o un plebiscito, tal y como se los reconoce la ley. Así por ejemplo en la decisión de vender El Cárcamo, el gobierno no anunció su intención, por lo que resultó imposible para los ciudadanos solicitar una consulta vecinal para opinar sobre esa medida antes de que se tomara la decisión por el ayuntamiento, y por la contingencia de salud por la que estamos pasando, y en la cual se tomó la decisión, tampoco era posible reunir las 18 000 firmas de ciudadanos, el 3 % de la lista nominal de electores del municipio que pide la Ley para solicitar un plebiscito. Como vemos pues, aun cuando la ley reconoce esos mecanismos de participación ciudadana, lo cierto es que el gobierno puede fácilmente obstaculizarlos o impedirlos, por lo que es necesario asegurar su ejercicio en decisiones trascendentes para el municipio, lo quiera o no el gobierno. Con esta medida, el gobierno municipal que pretenda concesionar un servicio público o vender un espacio público, para obtener un resultado favorable en las consultas vecinales o en los plebiscitos, se verá obligado a presentar propuestas o proyectos justificados por el interés público, que demuestren con claridad el beneficio para el municipio y su población, y con una relación costo-beneficio conveniente para el municipio.
La movilización ciudadana que se generó por las decisiones para concesionar el servicio de alumbrado público y para vender El Cárcamo, es una prueba de que la ciudadanía hermosillense está interesada y lista para participar de manera más activa y constante en los asuntos públicos de su municipio. Solo falta crear la base institucional para ello, y para lo cual es necesario que nuestros diputados en el Congreso estatal reformen la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Participación Ciudadana, y hagan obligatorios los ejercicios de consulta vecinal y de plebiscito para decisiones de gobierno que sean trascendentes para el municipio, como son la concesión de servicios públicos y la venta de espacios públicos deportivos. Solo así podremos propiciar gobiernos más transparentes y más democráticos, cuyas decisiones provean reciprocidad (responsiveness) a la vida política municipal, y que para el prestigiado politólogo italiano Leonardo Morlino, consiste en la “…capacidad de respuesta de los gobernantes a las demandas de los gobernados” que “…repercute en la satisfacción de los ciudadanos y de la sociedad civil en general”.
