“La ley es dura, pero es la ley” (principio general del derecho).
El domingo 23 de febrero hubo una intensa actividad política que rompe, en cierta forma, las formas propias de una democracia en movimiento.
Temprano, en la Ciudad de México (CDMX) un grupo integrado por membretes ciudadanos que quieren el regreso del borolismo a chaleco, armaron una cadena humana para protestar en defensa de la vuelta al pasado, la inseguridad de las mujeres, los niños con cáncer, la defensa de la democracia representada por el INE de Lorenzo Córdova y alguno que otro reclamo con fuerte olor a oportunismo fifí.
El ambiente fue tenso y las consignas revelaban odio apenas contenido en la vociferante crítica al gobierno de López Obrador.
En otro escenario, a poco más de dos mil kilómetros de distancia de la CDMX, la tarde-noche de Hermosillo se conmovió con una marcha feminista que culminó en el asalto y vandalización de un edificio público que alberga al Poder Judicial del Estado.
Al respecto, una conocida feminista de largos años en dicho movimiento explicó a los medios que lo ocurrido se debió a que las chicas se enojaron porque se apagó la luz del inmueble, en lo que percibe como un intento de invisibilizar la protesta que se llevaba a cabo, a pesar de la prensa y la policía presentes en el lugar.
Los detalles de las pintas en edificios públicos, el abatimiento de la reja de acceso a fuerza de empujones, la destrucción de ventanas, maceteros, el asalto a oficinas, la sustracción de expedientes y su posterior quema, entre otras acciones vandálicas en el recinto del Poder Judicial usted seguramente ya los conoce.
Al parecer el plan era hacer una manifestación pacífica con la participación de varios grupos feministas, entre los cuales se destacó la presencia de chicas muy jóvenes.
Al respecto, una fuente confiable nos comenta que su hija adolescente le confió que una de sus amigas iría a una marcha quien, a pregunta expresa, le dijo que: “hoy en la tarde vamos a ir a vandalizar”.
Estando así las cosas, cabe recordar que en la CDMX se han escenificado toda clase de manifestaciones populares, en donde destacan las recientes marchas y protestas feministas, en ejercicio de un derecho ciudadano de reclamo a condiciones más justas y civilizadas de convivencia, tanto como el respeto a la integridad física y moral de las afectadas y sus familias.
Si nuestro país va en la ruta de las grandes transformaciones que permitan una vida más digna y plena para todos, en un marco de justicia y legalidad, es obligado que cada ciudadano asuma el compromiso de actuar conforme a las normas de una convivencia social civilizada y respetuosa.
El reclamo de las mujeres de vivir libres de violencia es de todos los ciudadanos y de todas las familias porque tenemos el derecho de gozar de las libertades y prerrogativas que la ley nos concede por razón de la edad, sexo o condición social, en el marco de la igualdad y la equidad que el Estado debe garantizar.
Debemos considerar que la lucha política por el cambio, o contra el cambio, ha despertado una forma de participación donde en ocasiones se puede confundir el interés privado con el público y la impartición de justicia con la ventaja política de quien la administra conforme a derecho o deja de administrarla arbitrariamente.
Sucede que cuando la protesta es legítima pero los medios no lo son, surge la sospecha de que algo extraño está ocurriendo en la dinámica de los grupos que reclaman justicia, por la poca congruencia entre los fines y los medios empleados para lograr el objetivo; es decir, que puede darse el caso de que la lucha sea justa y los objetivos claros, pero en el transcurso se transforman en su contrario: si el reclamo de no violencia resulta en violencia contra la misma institución de quien se espera justicia, algo no anda bien.
Las pintas con mensajes de odio, destrucción de ventanas, muebles y expedientes no tiene relación directa con una lucha pacífica, reivindicatoria, justa y socialmente clara y digna de apoyo.
Algo se dislocó y debe aclararse en bien de la paz social y la convivencia civilizada a la que aspiramos, con más razón si se considera, por ejemplo, que el asesinato de Raquel Padilla se esclareció con prontitud y el culpable ya está recibiendo el castigo que establece la ley. Cabe añadir que recientemente los crímenes contra las mujeres han logrado una importante ampliación de su penalización, ya que se aumentó la condena de 45 a 65 años en prisión.
Si el actual gobierno está atendiendo este reclamo social ¿por qué se dan las explosiones de ira y vandalismo contra la institución que trabaja para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? ¿Qué propósitos pueden tener los grupos y organizaciones que atacan edificios públicos y se manifiestan frente a ellos violentamente en días laboralmente inhábiles? ¿Le parece lógico protestar frente a un edificio vacío y vandalizarlo? Por otra parte ¿considera normal la inmovilidad de las autoridades?
Lo anterior permite toda suerte de especulaciones, aunque el contexto social y político del país sugiere la existencia de grupos ligados a la derecha prianista que trabajan para ocasiona el caos y la división en nuestra sociedad. De ahí que las luchadoras feministas deban definir su posición frente a la violencia y la generalización absurda de que “todo hombre es un violador”.
Flaco favor se le haría al movimiento feminista si no hubiera un deslinde de las acciones de grupos de provocadores que asumen actitudes porriles y que se escudan en la mujer y sus demandas de manera oportunista. ¿Al machismo se le debe oponer el hembrismo? No suena ni inteligente ni socialmente útil.
Si se atiende el interés social y la mejor formación ciudadana de nuestros hijos menores, hombres y mujeres, no estaría de más enterarnos de lo que hacen fuera de casa, y quién o qué inspira sus actos. Un consejo nunca está de más. Se llama paternidad y maternidad responsable.
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