Hermosillo, Sonora.- El caso de María Elisa, la niña de un año y medio que murió en San Carlos, abrió un debate sobre la operación y regulación de las empresas que ofrecen servicios de cuidado infantil, particularmente sobre la participación de la agencia Niñerías MX.
Durante una mesa de análisis en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, los abogados Óscar Burrola, Bulmaro Pacheco y Héctor Contreras, señalaron que las autoridades deben investigar a fondo las circunstancias en las que se prestó el servicio y determinar si la empresa cumplía con los requisitos legales y administrativos correspondientes.
Uno de los puntos planteados fue que Niñerías MX operaría como una agencia de colocación de personal, es decir, como una empresa que contacta y asigna personas para prestar servicios de cuidado a adultos, niños o enfermos.
Bajo esta interpretación, los especialistas consideraron necesario revisar qué obligaciones correspondían a la empresa y cuáles a la persona asignada para cuidar a la menor.
También se señaló que, debido a la edad de María Elisa, de un año y medio, debe revisarse si el servicio prestado cumplía con la normatividad aplicable al cuidado de menores.
Los abogados mencionaron requisitos relacionados con capacitación, certificación, expedientes del personal, infraestructura, permisos y seguros, además de las obligaciones que corresponderían a las autoridades municipales.
Durante el análisis se planteó que la investigación debe establecer si la persona que estaba a cargo de la niña contaba con la capacitación y certificación necesarias, así como determinar bajo qué condiciones fue contratada y qué relación existía entre la familia, la cuidadora y la agencia.
Otro punto cuestionado fue la actuación del Ayuntamiento de Cajeme, particularmente respecto a los permisos y verificaciones que correspondieran a la empresa.
Los participantes consideraron necesario conocer si existía un expediente de la compañía y si se habían realizado las revisiones correspondientes.
Los abogados también plantearon que el caso no debe analizarse únicamente desde la vía penal, sino que podría existir una posible responsabilidad civil que tendría que determinarse conforme a las investigaciones y procedimientos correspondientes.
Al mismo tiempo, subrayaron que no se debe prejuzgar sobre la responsabilidad de la empresa o de la cuidadora antes de que las autoridades establezcan qué ocurrió.
Durante la mesa se propuso además impulsar una ley específica para las agencias de colocación de niñeras, con requisitos particulares para las personas que sean contratadas para cuidar menores.
La propuesta surgió a partir del caso de María Elisa y de la necesidad, planteada por los participantes, de establecer mayores controles para este tipo de servicios.
Los especialistas coincidieron en que la Fiscalía debe continuar con la investigación para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y revisar la actuación de las distintas partes involucradas.
También consideraron necesario que las autoridades revisen a empresas que ofrecen servicios similares para verificar que operen conforme a la normatividad.
El caso permanece abierto y, durante el programa, se anunció que se buscará conocer la postura del Ayuntamiento de Cajeme y de la propia agencia.
Los participantes señalaron que el objetivo debe ser esclarecer lo ocurrido con María Elisa y, a partir de ello, identificar qué medidas podrían evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
