El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sonora rechazó los señalamientos realizados por Alí Camacho, dirigente del Partido Sonorense, quien afirmó haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por una presunta amenaza de muerte que habría sido enviada por Manuel “Maloro” Acosta, dirigente estatal del Partido Verde, a través de Cristóbal Navarro.
A través de un posicionamiento, el PVEM negó categóricamente cualquier vínculo de su dirigencia con actos de intimidación o violencia y calificó las acusaciones como “falsas, sin el menor sustento y ajenas a la forma en que el Partido Verde hace política en Sonora”.
La controversia se hizo pública luego de que Camacho confirmara en Proyecto Puente que acudió ante la Fiscalía para denunciar la presunta amenaza. Hasta el momento, corresponde a la autoridad ministerial determinar los hechos y deslindar responsabilidades a partir de la investigación.
El Partido Verde señaló que conoce la denuncia presentada por Camacho y consideró positivo que el caso haya sido llevado ante las autoridades. “Es ahí, y no en las redes sociales, donde deben dirimirse señalamientos de esta gravedad”, sostuvo el partido.
La dirigencia estatal del PVEM manifestó además su disposición para colaborar con la Fiscalía en caso de ser requerida y expresó su confianza en que la investigación permitirá esclarecer lo ocurrido.
En su posicionamiento, el partido también cuestionó que la competencia entre fuerzas políticas sea trasladada al terreno de acusaciones que, desde su perspectiva, carecen de pruebas. El PVEM atribuyó su crecimiento en Sonora al trabajo territorial y a la incorporación voluntaria de ciudadanos a su proyecto.
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Finalmente, el Partido Verde advirtió que analiza ejercer “las acciones legales que correspondan en defensa de la honra y la reputación de nuestra dirigencia”.
La acusación y la respuesta del PVEM ocurren en un contexto de actividad política rumbo al proceso electoral de 2027 en Sonora. Por ahora, el caso permanece sujeto a la investigación de la Fiscalía, que deberá establecer si existen elementos que acrediten la presunta amenaza señalada por el dirigente del Partido Sonorense.
