Siguiendo la magia de recordar películas, volvamos a 1989, cuando una comedia muy original, “Mira quién habla”, protagonizada por John Travolta y Kirstie Alley, permitió que el público escuchara los pensamientos del bebé mientras los adultos, incapaces de oírlo, trataban de interpretar sus gestos y silencios; así, el espectador conocía la voz que los personajes no podíanescuchar.
El título viene muy a modo frente al escándalo provocado por las noticias sobre sobornos sistemáticos que ahora pretenden presentarse, incluso formalmente, en tiempos electorales, porque un programa puede hablar con la voz legítima de un derecho y, al mismo tiempo, cargar con una segunda voz, menos institucional y más interesada: recuerda quién te lo entrega, quién podría quitártelo y a quién debes agradecerle.
Desde México, la opinión pública ha reaccionado con indignaciónante la promesa de Donald Trump de entregar un cheque de 5,000 dólares a cada adulto estadounidense si el PartidoRepublicano conserva la Cámara de Representantes y el Senadoen las elecciones intermedias del 3 de noviembre, una condiciónque no se esconde —si ganamos, ustedes cobran— y que mezclade manera difícilmente disimulable el dinero público, la recompensa personal y el resultado electoral.
La propuesta costaría alrededor de 1.2 billones de dólares y necesitaría la aprobación del Congreso; Trump afirma que se financiaría con los ingresos de los aranceles, aunque esos recursos no alcanzarían para cubrirla, de modo que el problema no esúnicamente contable, sino profundamente politico.
Podemos indignarnos, por supuesto, pero conviene formular unapregunta incómoda antes de hacerlo: mira quién habla.
El depósito bimestral
Para 2026, el gobierno federal informó una inversión superior a un billón de pesos en programas de bienestar, con una cobertura de 42.8 millones de personas, mientras que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares reportó que 41.4 por ciento de los hogares recibe ingresos de algún programa gubernamental; aunque no se trata de cifras equivalentes, juntas permiten dimensionar el peso político y cotidiano de la política social.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores llega a cerca de 13.8 millones de derechohabientes y entrega 6,400 pesos bimestrales; la beca Rita Cetina atiende a millones de estudiantes; Jóvenes Construyendo el Futuro proyecta medio millón de beneficiarios con 9,582 pesos mensuales, y Sembrando Vida apoya a más de 445 mil personas con 6,450 pesos al mes.
Cada uno de esos apoyos puede aliviar una necesidad real, y negarlo sería tan injusto como políticamente torpe, porque los beneficiarios no son una masa manipulable ni ciudadanos sin criterio, ni existe una prueba automática de compra de votos cada vez que aparece un depósito; el problema comienza cuando un derecho financiado con los impuestos de todos se presenta como una concesión personal del gobierno o como patrimonio del partido que gobierna.
El depósito no trae una boleta electoral adjunta porque no la necesita: le basta la repetición, esa presencia periódica del poder dentro del presupuesto familiar que, acompañada por una propaganda oficial y partidista empeñada en atribuir el apoyo a una sola fuerza política, puede hacer que la gratitud se confunda con obligación y el derecho con favor.
La frontera que debe cuidarse
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que los programas sociales son derechos y carecen de sentido clientelar, una distinción jurídicamente importante porque el artículo 134 constitucional obliga a utilizar los recursos públicos sin afectar la equidad de la competencia, mientras que la legislación electoral prohíbe condicionar programas o beneficios para inducir el voto; por ello, aunque los apoyos no tienen que suspenderse durante las campañas, su entrega y difusión tampoco pueden convertirse en actos de promoción partidista ni en mecanismos de coacción.
Esa es precisamente la frontera que México debe vigilar, no mediante la cancelación de pensiones, becas o apoyos productivos, sino impidiendo que Morena —o cualquier partido— se apropie de ellos como si salieran de su propia caja y no del erario.
Trump ofrece públicamente un cheque condicionado a una victoria legislativa y, aunque México no vive la misma figura jurídica ni el mismo diseño de política pública, ambos escenarios comparten una tentación: convertir los recursos colectivos en capital político personal, allá mediante una promesa de golpe y aquí a través de una insinuación acumulativa, bimestre tras bimestre.
Mira quién habla
La oposición cometería un error si atacara a los beneficiarios o prometiera desaparecer los programas, pues su tarea es más difícil: defenderlos como derechos del Estado, exigir padrones auditables y neutralidad en la entrega, reclamar sanciones cuando un servidor público o un operador partidista sugiera que el apoyo tiene dueño y, al mismo tiempo, ofrecer resultados que se sientan más allá de la tarjeta, como medicinas disponibles, escuelas que enseñen, empleos con futuro y servicios públicos que reduzcan el costo de vivir.
La pregunta no es si la política social influye en la decisión electoral, porque toda política pública lo hace cuando mejora o empeora la vida, sino si el ciudadano vota después de evaluar resultados o bajo la impresión de que podría perder un ingreso que, por ley, le pertenece.
México puede mirar a Trump y reconocer un intento burdo de poner precio a la lealtad, pero antes de celebrar nuestra superioridad democrática conviene escuchar la voz que acompaña cada depósito: si dice “esto es tuyo porque eres ciudadano”, estamos frente a un derecho; si susurra “esto es tuyo porque nosotros gobernamos”, la campaña ya comenzó.
Mira quién habla: lo que allá escandaliza por ocurrir de una sola vez, aquí puede normalizarse gota a gota, cada dos meses.
Lo bueno es que lo que ya sigue, es ver cómo le va a Trump.
