No pagar la pensión alimenticia en Sonora puede traer diversas consecuencias legales, además de una pena de prisión de hasta tres años, como el embargo de bienes, restricciones para obtener el pasaporte o la licencia de conducir y limitaciones para participar en procesos electorales o ocupar cargos públicos.
El abogado José Manuel Ávila, expresidente de la Cámara de la Barra Sonorense de Abogados, explicó que el incumplimiento de esta obligación se ha convertido en un problema importante, por lo que el Estado mexicano ha impulsado reformas para evitar que los deudores alimentarios evadan su responsabilidad.
En materia penal, detalló que quienes incumplen con el pago de la pensión pueden enfrentar una pena de tres meses a tres años de prisión. Además, el juez familiar puede ordenar el embargo de bienes del deudor para hacer efectivo el pago que corresponde a sus hijos.
Otra de las consecuencias es la posibilidad de impedir la obtención de un pasaporte y, por lo tanto, la salida del país, además de restricciones para tramitar una licencia de conducir. El juez familiar también puede solicitar que la persona sea inscrita como deudora alimentaria morosa ante el Registro Civil.
Ávila explicó que esa condición puede ser informada al Registro Público de la Propiedad, de manera que los bienes registrados a nombre del deudor mantengan dicha inscripción. Esto puede representar una dificultad para realizar operaciones relacionadas con esos inmuebles.
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En el ámbito electoral, cuando existe una sentencia firme, los deudores alimentarios no pueden aparecer en una boleta electoral, ser votados ni participar en un proceso electivo. Además, no pueden ocupar cargos como servidores públicos, una medida que fue elevada a rango constitucional.
El abogado aclaró que la obligación de proporcionar alimentos corresponde tanto al padre como a la madre, de acuerdo con las posibilidades económicas de cada uno y las necesidades de los hijos. También destacó la importancia de generar conciencia sobre estas responsabilidades, especialmente porque su incumplimiento puede afectar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
