Una jueza federal de Estados Unidos anuló este viernes la prohibición de visas de inmigrante impuesta por la administración de Donald Trump a ciudadanos de 75 países, al concluir que la medida era “contraria a la ley” y excedía las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio.
La jueza Jeannette Vargas, del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, ordenó revocar las denegaciones de visa que hayan sido sustentadas únicamente en esta política, en lo que representa un nuevo revés judicial para la estrategia migratoria de la administración Trump.
La medida, implementada en enero por el Departamento de Estado, suspendió la emisión de visas de inmigrante —incluidas aquellas para residencia permanente, reunificación familiar o empleo— para ciudadanos de países como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia, entre decenas de naciones de América Latina, África, Medio Oriente, Asia y los Balcanes.
La administración justificó la política bajo el argumento de evitar la entrada de personas que eventualmente pudieran convertirse en una “carga pública” y depender de asistencia o beneficios gubernamentales.
Sin embargo, Vargas concluyó que la instrucción enviada por Rubio a embajadas y consulados estadounidenses convertía el resultado de las solicitudes en una decisión prácticamente automática, sin importar las condiciones individuales de cada aspirante.
“El resultado está predeterminado”, escribió la jueza. “La visa será denegada”.
De acuerdo con la legislación estadounidense, una persona puede ser rechazada por representar una posible “carga pública”, pero esa determinación debe realizarse después de evaluar factores individuales como su situación económica, edad, salud, capacidades y entorno familiar.
La jueza determinó que, bajo la política anulada, los funcionarios consulares tenían instrucciones de rechazar solicitudes incluso cuando los inmigrantes presentaran pruebas de que podían mantenerse económicamente por sí mismos.
Además, Vargas consideró que la medida contravenía una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas. También señaló que el secretario de Estado no puede intervenir en la forma en que los funcionarios consulares resuelven casos individuales.
La prohibición afectaba únicamente las visas de inmigrante y no las de no inmigrante, como las destinadas a turistas o estudiantes.
El listado elaborado por el Departamento de Estado incluyó países donde, según datos utilizados por la administración, más del 30 por ciento de los hogares inmigrantes recibían algún tipo de asistencia pública. La mayoría de las 75 naciones incluidas no pertenecen a Europa y entre ellas figuran incluso socios de Washington, como Jordania, Egipto y Georgia.
Entre los demandantes se encontraban ciudadanos estadounidenses que habían solicitado visas para familiares originarios de Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, así como cinco ciudadanos colombianos que buscaban visas de trabajo. Uno de ellos recibió una notificación de rechazo que citaba directamente la política ahora anulada.
No obstante, el fallo no elimina automáticamente todas las negativas de visa relacionadas con personas de esos países. Las denegaciones sustentadas en otros motivos legales podrán mantenerse, incluso si la prohibición también fue mencionada durante el proceso.
La administración Trump obtuvo una victoria parcial en otro punto del litigio: Vargas coincidió en que la política no requería pasar por un proceso formal de consulta pública antes de entrar en vigor.
Los abogados del Gobierno habían defendido la medida apoyándose en una decisión de la Corte Suprema de 2018 que validó una de las prohibiciones de viaje implementadas por Trump durante su primer mandato.
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Pero la jueza estableció una diferencia clave: aquel caso estaba relacionado con la facultad presidencial para determinar quién puede ingresar a Estados Unidos, mientras que el litigio actual se centra en si el Gobierno puede impedir, desde el inicio, la emisión de una visa basándose en la nacionalidad del solicitante.
Vargas, designada durante la administración de Joe Biden, dio a las partes hasta el 11 de septiembre para proponer la forma de resolver los asuntos pendientes del caso. La administración Trump todavía puede apelar la decisión.
