Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso durante la madrugada por un juez federal, debido a su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para establecer, en esta etapa procesal, la existencia de un hecho que la ley considera delito y la probable participación del exmandatario.
El juez también ratificó la prisión preventiva de oficio, por lo que Aguirre Rivero permanecerá en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso judicial. Además, estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 4 de diciembre.
Aguirre enfrenta una imputación por el delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con la Fiscalía, esta conducta puede ser sancionada con entre 40 y 60 años de prisión, además de una multa de 10 mil a 20 mil días de salario cuando se trata de un servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona.
Según la imputación de la FGR, el exgobernador presuntamente ordenó ocultar o destruir las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. La dependencia sostiene que esos videos pudieron registrar parte de las agresiones y la detención de normalistas durante la noche de Iguala.
De acuerdo con nuevos testimonios incorporados a la carpeta de investigación, Aguirre habría instruido a integrantes de su gabinete y a mandos del Poder Judicial estatal desaparecer las grabaciones. La FGR también relaciona presuntamente a Ernesto Aguirre, sobrino del exgobernador, con Guerreros Unidos y con información sobre los hechos ocurridos aquella noche.
La defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba para desacreditar la versión de que el exgobernador recibió en Chilpancingo videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas y posteriormente ordenó destruirlos.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que Aguirre no se encontraba en Guerrero a la hora señalada por la Fiscalía, sino en la Ciudad de México, donde sostuvo una reunión privada con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Felipe Martín Ornelas Rebollo declaró que trasladó a Aguirre a la Ciudad de México el 29 de octubre de 2014 para dicha reunión, alrededor de las 18:00 horas.
Esta versión contradice el testimonio de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien aseguró ante la FGR que ese mismo día, alrededor de las 20:30 horas, entregó a Aguirre en Chilpancingo videos obtenidos de dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Según Ornelas Rebollo, Aguirre llegó a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas y pasó la noche en Casa Guerrero.
Aguirre fue detenido el pasado 6 de agosto por agentes federales y permanece en el penal federal del Altiplano bajo prisión preventiva. Sus abogados habían solicitado una medida distinta, incluida la prisión domiciliaria, pero la petición fue rechazada. Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía y la defensa podrán presentar nuevos elementos de prueba que serán determinantes para definir el avance del proceso penal.
