La Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones más valoradas y prestigiadas del país, se encuentra en crisis. Sus autoridades la metieron en un gran problema al querer “modernizar” el método de selección de sus nuevos alumnos con un examen de admisión en línea, que se aplicó de tajo y sin pruebas piloto que permitieran atajar todas las posibilidades de error y trampa generadas por el fin de los exámenes presenciales que durante décadas habían funcionado razonablemente bien.
Las pifias cometidas por la Rectoría iniciaron con la ocurrencia de “innovar” por innovar; continuaron con la contratación de una empresa (Territorium Life) que según EL UNIVERSAL cobró 101 millones de pesos por aplicar el examen en línea, lo que representa el doble de los 49 millones de pesos que, según la propia UNAM, costó el examen presencial de 2025.
Pero no terminaron ahí. Al equipo del rector Leonardo Lomelí le faltaron reflejos, estrategia y sensibilidad política y social para reaccionar en cuanto estalló la crisis por la aparición de resultados atípicos que apuntaban a una triste realidad: los supuestos candados infalibles en la aplicación del examen en línea sí fallaron y muchos de los que obtuvieron altas calificaciones pudieron haber recibido ayuda de terceros o auxiliarse de herramientas tecnológicas para resolver su examen y garantizarse un lugar en la máxima casa de estudios. Incluso se sospecha que pudieron inscribirse aspirantes (los que no respondieron ni uno solo de los reactivos) con la única finalidad de copiar el examen y filtrarlo.
La UNAM trató de enmendar el camino al nombrar una comisión de expertas y expertos de destacada y respetable trayectoria, quienes ya dieron una recomendación que parece coherente: aplicar un examen de control a los ya admitidos y a los que quedaron cerca del puntaje requerido en cada carrera y plantel, para detectar a quienes hubiesen pasado con ayuda indebida y abrirle espacio a quienes hubiesen sido descartados por los jóvenes que hicieron trampa.
El examen de control será presencial, como debió haber sido desde un inicio, lo que confirma el error original: suponer que el examen en línea era una buena idea que “modernizaría el proceso de selección y generaría ahorros”.
La idea parece buena, pero el trabajo de la comisión no puede darse por terminado. Según el mandato que le dio el propio rector Lomelí, al instalar la comisión el 27 de julio, este grupo deberá investigar las razones de los resultados atípicos y “explicar a la sociedad qué pasó y por qué pasó”. Es lo menos que merece la UNAM, el país y los miles de jóvenes que participaron en el proceso.
Con el inicio del semestre a la vuelta de la esquina, la Rectoría debe asumir que la UNAM vivirá tiempos críticos: al examen de control seguirán las protestas de quienes ya habían pasado y siempre no fueron admitidos, y los reclamos anuales de los jóvenes que no obtengan un lugar. Una mala solución al problema será caldo de cultivo para oportunistas que quisieran acrecentar la crisis de la universidad con fines políticos; esos mismos grupos que el año pasado mantuvieron paradas decenas de escuelas y facultades y que parecen frotarse las manos con los errores de Lomelí, pues les dan pretextos para nuevas asambleas, nuevas demandas y nuevos paros.
Visto así, lo ocurrido en la UNAM es una crisis muy inoportuna, que hasta el momento le ha costado la cabeza a una sola funcionaria: la secretaria general Patricia Dávila. Un movimiento súbito y no explicado por Lomelí, quien tendría que decirle a la universidad (y a la sociedad) por qué decidió responsabilizar y cesar a la primera mujer que ocupaba este cargo en la Rectoría, y sustituirla por un hombre, Javier de la Fuente Hernández.
Una crisis dentro de otra crisis
Pero la crisis por el examen de admisión es síntoma de crisis más graves: de entrada, la falta de espacios educativos de calidad, que le resulten atractivos a los más de 130 mil jóvenes que cada año son rechazados de la UNAM por no obtener el puntaje necesario para las carreras que desean estudiar.
La cantidad de rechazados refleja la incapacidad de la UNAM para captar a todos quienes aspiran a un lugar en sus aulas, pero también la inexistencia de otras opciones a nivel estatal y federal. Porque, cuando la presidenta invita a los rechazados de la UNAM a inscribirse en los planteles de la Universidad Rosario Castellanos, no toma en cuenta la precariedad de esa opción recién creada por la 4T, y de lo poco atractivo que resulta para alguien que busca en una carrera un mecanismo efectivo de superación profesional y movilidad social.
La crisis en la UNAM es también la crisis del sistema educativo nacional, que no genera alumnos y alumnas preparados para pasar un examen de admisión de 120 reactivos con los aciertos necesarios para ingresar a una licenciatura. Un sistema en el que los que tienen dinero prefieren “salvar” a sus hijos de la educación pública (incluidos muchos de los funcionarios del actual gobierno) pagando colegiaturas de 40 mil pesos mensuales. Un sistema que acentúa la desigualdad.
Y también es reflejo de una crisis moral y de la decadencia propia de nuestros tiempos, donde hacer trampa no solo se permite, sino que se fomenta.
Es el reflejo del país donde un candidato presidencial justifica que ganó “haiga sido como haiga sido”, donde un presidente cree que “la corrupción es una debilidad de orden cultural”; donde los ministros y jueces se eligen mediante acordeones para orientar el voto de los ciudadanos, o donde una presidenta ordena gobernar con sentido común y no conforme a la norma.
