La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tenga motivos políticos y aseguró que la investigación corresponde a presuntos delitos de contrabando de combustible.
La declaración de la mandataria ocurrió después de que un grupo de expresidentes iberoamericanos denunciara una supuesta “venganza política” contra Ruffo Appel, quien fue detenido y vinculado a proceso junto con otras siete personas por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum respondió a los señalamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado, entre otros, por el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe, quienes expresaron preocupación por la detención del exmandatario estatal y la atribuyeron a un supuesto deterioro del Estado de derecho en México.
“Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República (FGR). Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, afirmó la presidenta.
Sheinbaum señaló que el caso debe analizarse con base en las investigaciones de la FGR y no desde una perspectiva política. “Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo”, indicó.
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La presidenta agregó que las acusaciones están relacionadas con presuntos delitos fiscales y en materia de hidrocarburos, derivados de una operación que, según la investigación, se habría realizado durante varios años. “Cometer un fraude a la hacienda pública y traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político, están equivocados”, sostuvo.
Asimismo, defendió la actuación de la FGR y aseguró que la institución cuenta con los elementos suficientes para sustentar las decisiones judiciales tomadas hasta ahora. “Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para obtener una orden de aprehensión de un juez”, afirmó.
La Fiscalía negó que la investigación contra Ruffo Appel responda a una persecución política y señaló que su vinculación a proceso deriva de su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos por ferrocarril. Según la institución, el juez federal vinculó a proceso al exgobernador y a otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
De acuerdo con la FGR, la investigación inició tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila y posteriormente se identificó una estructura que presuntamente importaba combustible declarando únicamente el 10 por ciento de su contenido real. Antes de su detención, Ruffo Appel negó haber cometido irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades, mientras dirigentes de oposición han calificado el caso como un acto de persecución política.
Con información de EFE.
