Un juez federal de Estados Unidos bloqueó de manera temporal una medida de la administración del presidente Donald Trump que habría privado del derecho a trabajar a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La decisión fue emitida este martes por el juez federal de distrito Nathaniel Gorton, en Boston, quien dio la razón a una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y sindicatos que impugnó las nuevas disposiciones implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La orden permanecerá vigente mientras el tribunal determina si concede una suspensión de mayor duración contra la política impulsada por la administración de Trump.
El juez adelantó que emitirá una resolución definitiva sobre esta solicitud antes del 5 de agosto.
Las medidas cuestionadas derivan de la ley fiscal y de gasto aprobada por el Congreso, de mayoría republicana, en julio de 2025, la cual estableció por primera vez el cobro de tarifas para solicitar asilo y limitó la autorización de empleo para personas amparadas por el TPS.
El Estatus de Protección Temporal permite que personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus lugares de origen impidan un retorno seguro.
Como parte de su política migratoria, el gobierno de Trump ha buscado eliminar el TPS para ciudadanos de más de una docena de países.
El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración a retirar esa protección a miles de migrantes provenientes de Haití y Siria.
La demanda fue presentada por el grupo jurídico Democracy Forward, cuyos representantes argumentaron que el USCIS aplicó de manera ilegal las disposiciones de la nueva legislación.
Señalaron que las medidas podían provocar que miles de beneficiarios del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su autorización para trabajar a partir de este miércoles.
Los demandantes sostuvieron que la agencia redujo indebidamente el periodo durante el cual estos migrantes podían conservar sus permisos laborales, además de aplicar de forma retroactiva restricciones previstas en la legislación de 2025 sin contar con autorización legal.
La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, afirmó que la resolución garantiza que miles de familias mantendrán sus medios de subsistencia mientras los tribunales analizan si las políticas del gobierno cumplen con la ley.
Aunque la administración ha retirado el TPS para otros países, en enero prorrogó esta protección para ciudadanos de El Salvador, Sudán y Ucrania.
Actualmente, el beneficio permanece vigente hasta el 9 de septiembre para los salvadoreños y hasta el 19 de octubre para sudaneses y ucranianos.
Los demandantes también argumentaron que el USCIS incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo, al no permitir un periodo de consulta pública antes de implementar las nuevas reglas.
Asimismo, señalaron que la aplicación retroactiva de las restricciones sobre permisos de trabajo carecía de fundamento legal.
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En su resolución, el juez Nathaniel Gorton rechazó, por el momento, suspender el cobro de la nueva tarifa para las solicitudes, pero determinó que el USCIS no podrá retirar permisos de trabajo ni imponer sanciones a quienes no realicen ese pago mientras continúe vigente la orden judicial.
Con información de Reuters
