Pocas veces la justicia es expedita en México. En raras ocasiones, la Fiscalía General de la República actúa con prontitud y eficacia en la persecución de la delincuencia organizada, o ante denuncias que involucran a personajes con poder. Y, sin embargo, hace unos días la fiscal Ernestina Godoy anunció personalmente los resultados de una investigación que involucraba a siete empresas que presuntamente conformaban una red de evasión fiscal, dirigida por un exgobernador, usada para introducir y distribuir hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional.
En un mensaje de 15 minutos, Godoy entró al detalle, hablando de indagatorias que involucraron estructuras portuarias, aduaneras, ferroviarias, operaciones bancarias y de comercio exterior; todo un entramado de huachicol fiscal que los “sagaces” investigadores de la FGR lograron desmantelar tras un año de operación e investigación en campo. Las empresas, dedicadas formalmente a la importación de hidrocarburos, habrían reportado cantidades menores a las realmente introducidas o registraban productos diferentes a los transportados desde Estados Unidos. En territorio nacional, la mercancía era distribuida en estados como Coahuila y Durango, con subregistros, evadiendo inspecciones aduaneras y distribuyendo el combustible a través de contenedores y ferrotanques que circulaban sobre la red ferroviaria nacional.
El relato de Godoy es exhaustivo y calcula un posible daño a la hacienda pública por más de 4 mil millones de pesos, una cifra escandalosa que convierte este caso en el principal golpe al huachicol fiscal en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los datos de prueba son contundentes, según Godoy, y llevaron a que se giraran órdenes de aprehensión contra 25 personas, empezando por el exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, fundador de Ingemar, la primera empresa involucrada en esta “colosal red de contrabando de hidrocarburos”.
Detenido en Ensenada, trasladado al Altiplano y sometido a una larga audiencia inicial después de su aprehensión, Ernesto Ruffo emerge como el cabecilla del complejo entramado empresarial que habría operado desde 2021.
Pero el golpe no es nada más en contra de un político en retiro que, a sus 74 años, aparece como un próspero empresario con actividades ilícitas. El caso emerge como una de las maniobras políticas más aventuradas de la presidenta Sheinbaum, que busca endilgar a un histórico del panismo la responsabilidad por uno de los delitos más escandalosos de los últimos años: el huachicol fiscal, que sólo es posible con la complicidad y corrupción de una larga cadena funcionarios, empresarios e instituciones de seguridad, hacendarias y financieras, incluidas la Marina y el Ejército.
La detención de Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en México, que en 1989 logró arrebatarle una gubernatura al PRI, busca ser un golpe demoledor a la credibilidad de la oposición. Le pega al PAN, principalmente, pero también al partido emergente Somos Mx, del que Ruffo es miembro de su consejo consultivo. Pero también es un auténtico tanque de oxígeno para un régimen (el de Morena) asediado por las investigaciones que, desde Estados Unidos, señalan a varios de sus líderes y gobernadores como cómplices de narcotráfico, financiamiento ilegal de campañas y, precisamente, el llamado huachicol fiscal.
El proceso en contra de Ruffo es considerado un distractor por los partidos de oposición, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, dirigentes partidistas y comentaristas en medios, que reclaman la misma diligencia y efectividad en las investigaciones pendientes en contra de los gobernadores Rubén Rocha, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, el exgobernador Adán Augusto López y decenas de dirigentes y legisladores morenistas señalados en múltiples casos investigados y revelados en la prensa nacional y extranjera.
La aprehensión es una cortina de humo que se posa sobre Baja California, donde la disputa entre el exgobernador morenista Jaime Bonilla y la gobernadora morenista en funciones, Martina del Pilar Ávila, ha derivado en la filtración de audios, acusaciones de traición y colaboracionismo con Estados Unidos. Justo cuando el oficialismo mostraba sus fisuras en el estado, la detención de Ruffo desvía la atención hacia el PAN, donde otro exgobernador, el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también enfrente acusaciones de corrupción y delincuencia organizada.
La presidenta Sheinbaum, como era de esperarse, ha negado intención política, y la fiscal ha dado una larga explicación para justificar el golpe contra Ruffo y darle credibilidad a las indagatorias.
Ernestina Godoy, militante fundadora de Morena, cerró su mensaje con una frase propagandística: “donde haya impunidad habrá investigación, donde haya crimen habrá consecuencias”.
No suena mal el propósito de tal slogan, pero, para acreditarlo, la fiscal deberá mostrar la misma efectividad en los otros casos, desde Adán Augusto López hasta Rubén Rocha. Sólo así se les podrá creer que lo de Ruffo no fue una burda maniobra política.
