La diputada Giselle Arellano promovió una iniciativa para reformar la fracción inicial del artículo 282 del Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar a quienes amenacen a otra persona por cualquier medio, incluyendo plataformas digitales o electrónicas, informó la Cámara de Diputados.
La propuesta plantea penas de tres días a un año de prisión o multas de 180 a 360 días para quienes realicen amenazas de manera directa, indirecta, verbal, escrita, simbólica, digital o electrónica con la intención de causar algún daño.
La legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que la iniciativa contempla sancionar amenazas que afecten la integridad física, psicológica o sexual, así como bienes, honor o derechos de personas con quienes exista o haya existido algún vínculo familiar, afectivo, laboral, de convivencia o de naturaleza similar.
Arellano explicó que el proyecto “busca fortalecer el tipo penal, actualizar su contenido a la realidad criminológica contemporánea y armonizarlo con los estándares constitucionales”.
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Además, destacó que la reforma pretende consolidar un marco jurídico que permita al Estado mexicano “prevenir la normalización de prácticas de intimidación y violencia” y fomentar una convivencia pacífica dentro y fuera de los espacios digitales.
La diputada indicó que la legislación actual corresponde a una época en la que los medios de comunicación estaban limitados principalmente al contacto directo y a la escritura postal; sin embargo, señaló que “la irrupción masiva de las tecnologías” de información y comunicación ha generado nuevas formas de amenazas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y correos electrónicos.
El documento enviado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados señala que actualmente las amenazas “ya no se limitan a interacciones presenciales o comunicaciones tradicionales”, sino que también ocurren mediante plataformas digitales, perfiles anónimos o cuentas automatizadas.
Asimismo, advierte que han aumentado las amenazas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y grupos vulnerables, por lo que organismos nacionales e internacionales consideran que estas intimidaciones pueden anteceder actos de violencia física, psicológica y sexual.
Con información de EFE.
