Por Ernesto Aarón Martínez Nieves
Hermosillo tiene frente a sí una oportunidad que no debe desperdiciar. Su ubicación estratégica, su capacidad industrial, el dinamismo de sus empresas, la llegada de nuevas inversiones, la fortaleza de su talento y su papel como capital de Sonora le dan condiciones reales para acelerar su desarrollo. Sin embargo, el crecimiento no ocurre por inercia ni se sostiene únicamente con promoción económica, infraestructura física o discursos de futuro.
También se gobierna.
Se gobierna cuando una empresa puede conocer con claridad qué requisitos debe cumplir, cuánto tiempo tomará una autorización y qué autoridad es responsable de resolverla. Se gobierna cuando una persona emprendedora no tiene que recorrer oficinas para obtener respuestas contradictorias. Se gobierna cuando un desarrollador, un profesionista o una organización ciudadana puede confiar en que las reglas serán consistentes, públicas y aplicadas con criterios verificables.
Ésa es una de las conclusiones centrales del expediente FAC-010-2026, desarrollado por el Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias: Hermosillo puede acelerar su progreso si convierte la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria y la coordinación institucional en infraestructura para el desarrollo.
La expresión no es retórica. Así como una ciudad requiere vialidades funcionales, energía confiable, agua suficiente, conectividad y suelo adecuado, también necesita una infraestructura institucional que permita tomar decisiones, iniciar proyectos, cumplir obligaciones y resolver problemas sin fricción innecesaria. Cuando esa infraestructura falla, los costos no siempre aparecen en un presupuesto público, pero se acumulan en la vida cotidiana: tiempo perdido, inversiones postergadas, incertidumbre jurídica, oportunidades que se trasladan a otra ciudad y desgaste para quienes intentan hacer las cosas bien.
La regulación cumple una función indispensable. Protege la seguridad, el medio ambiente, el desarrollo urbano ordenado, la protección civil, los derechos de las personas consumidoras y el interés público. Nadie serio propone eliminar controles necesarios. El problema aparece cuando un requisito no tiene una justificación clara, cuando se duplican documentos, cuando distintas dependencias solicitan información equivalente, cuando la interpretación cambia según la ventanilla o cuando un trámite se prolonga sin una ruta cierta de resolución.
En esos casos, la carga administrativa deja de ser una herramienta de protección y se convierte en un obstáculo para el cumplimiento, la inversión y la confianza.
Por eso es importante distinguir entre simplificación y desregulación. Simplificar no significa renunciar a la vigilancia ni reducir estándares. Simplificar significa diseñar reglas proporcionales, eliminar duplicidades, ordenar procesos, transparentar criterios, reducir discrecionalidad y asegurar que cada carga administrativa produzca un valor público comprobable.
La digitalización tampoco debe confundirse con simplificación. Una plataforma puede ser moderna, atractiva y accesible, pero si conserva requisitos innecesarios, pasos repetidos y criterios ambiguos, sólo traslada la complejidad de una fila física a una pantalla. La transformación real comienza antes: con una revisión de fondo de los procesos, de las atribuciones, de la información que ya posee el gobierno y de los resultados que se esperan obtener.
El análisis técnico del FAC-010-2026 integró herramientas como Radar Regulatorio 2.0, la Matriz de Armonización y Sobrecarga Regulatoria, la Evaluación de Riesgo Regulatorio, Leopold-Regulatoria y AIR-LBPR. El valor de esta metodología no está en acumular diagnósticos, sino en ofrecer una lectura convergente: identificar barreras, medir cargas, valorar riesgos, anticipar impactos y construir rutas de mejora con evidencia.
En este ejercicio, el Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias aporta un complemento técnico, independiente y propositivo. No sustituye las atribuciones de las autoridades ni representa posiciones de organismos empresariales; integra evidencia, experiencias y herramientas metodológicas para distinguir cargas administrativas sin valor público adicional, valorar riesgos e impactos, y formular recomendaciones proporcionales, viables y verificables. Su propósito es contribuir a que la conversación sobre competitividad y desarrollo se sostenga en datos, método y soluciones implementables.
De esa convergencia surge una agenda clara para Hermosillo.
Primero, simplificación sustantiva. Es necesario revisar trámites, permisos, licencias y requisitos desde la experiencia de quien los utiliza. Cada documento solicitado debe responder a una necesidad concreta; cada plazo debe ser razonable; cada requisito debe tener fundamento y cada proceso debe evitar duplicidades.
Segundo, digitalización interoperable. Las dependencias deben dejar de pedir una y otra vez información que ya obra en poder de la administración pública. La interoperabilidad no es sólo una solución tecnológica; es una decisión de coordinación institucional. Implica compartir datos con seguridad, estandarizar criterios y construir procesos completos, no portales aislados.
Tercero, certeza jurídica. La inversión y el emprendimiento requieren previsibilidad. Las reglas deben ser públicas, estables, comprensibles y aplicadas de manera consistente. La certeza jurídica no es un privilegio para grandes empresas; es una condición básica para cualquier persona que busca abrir un negocio, construir una vivienda, desarrollar un proyecto o cumplir una obligación.
Cuarto, gobernanza de implementación. Ninguna reforma funciona si cada dependencia trabaja por separado. Hermosillo necesita mecanismos permanentes de coordinación entre gobierno municipal, gobierno estatal, organismos empresariales, colegios de profesionistas, academia y sociedad civil. No se trata de sustituir responsabilidades públicas, sino de mejorar la calidad de las decisiones mediante diálogo técnico, información compartida y corresponsabilidad.
Quinto, medición de resultados. Una política de simplificación no debe evaluarse por el número de plataformas creadas ni por la cantidad de reuniones realizadas. Debe medirse por resultados concretos: reducción de tiempos, disminución de requisitos, menor costo de cumplimiento, mayor satisfacción de las personas usuarias, disminución de incertidumbre y mejor capacidad para atraer y retener inversión.
Esta agenda exige una conversación madura. Las autoridades enfrentan restricciones presupuestales, capacidades institucionales desiguales y demandas crecientes. Las empresas requieren condiciones para invertir, operar y generar empleo. La ciudadanía necesita servicios más claros, accesibles y confiables. Los colegios y la academia pueden aportar conocimiento técnico. Ningún actor puede resolver por sí solo los desafíos de una ciudad que busca crecer de manera ordenada, competitiva y sostenible.
Hermosillo no necesita elegir entre regulación y desarrollo. Necesita regulación de calidad para que el desarrollo ocurra con certeza, equidad y responsabilidad.
El reto no es menor. Pero tampoco es abstracto. Está en cada permiso que tarda más de lo necesario, en cada requisito que nadie puede explicar, en cada trámite que obliga a volver a empezar, en cada inversión que se detiene por falta de claridad y en cada persona que concluye que cumplir es más difícil que desistir.
Convertir la gestión pública en una palanca de desarrollo es una tarea posible. Requiere liderazgo, método, voluntad de coordinación y disposición para revisar lo que ya no funciona. Hermosillo tiene los activos para crecer. Ahora debe consolidar las reglas, las instituciones y las capacidades que permitan hacerlo mejor.
Porque una ciudad con futuro no sólo atrae inversiones. También construye confianza.
El autor es Presidente del Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, A.C. Integrante de la Mesa de Desarrollo Económico de HCV.
