Mientras México concentra la atención internacional por ser sede de la Copa Mundial de Futbol 2026, en el país crece la polémica por el registro obligatorio de líneas celulares impulsado por autoridades federales.
La medida, que busca crear un padrón de usuarios de telefonía, ha generado resistencia en distintos sectores. En Chihuahua, el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, promueve amparos colectivos para evitar que los ciudadanos registren sus números telefónicos sin consecuencias.

De acuerdo con reportes locales, más de 7 mil personas ya respaldan la iniciativa mediante firmas para impulsar recursos legales contra la obligación de vincular la línea telefónica con datos personales.
El legislador sostiene que el padrón podría vulnerar la privacidad digital, mientras que los opositores advierten riesgos en la protección de datos personales. Las autoridades, en contraste, aseguran que el registro no permite acceso a llamadas, mensajes ni ubicación de los usuarios.
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La discusión ya se extendió a otras entidades, donde también se han presentado recursos legales similares, como el caso de un ciudadano en Aguascalientes que acudió a un juzgado federal.
En paralelo, el proceso enfrenta un reto operativo: cerca de 100 millones de líneas telefónicas siguen sin registrarse a pocos días del vencimiento del plazo. Aunque especialistas advierten complicaciones técnicas, las autoridades mantienen que no habrá prórroga.

El debate nacional continúa entre argumentos de seguridad y protección de datos, mientras millones de usuarios deciden si realizan el trámite o se suman a las acciones legales para frenarlo en tribunales.


