Quien crea que la inseguridad sólo se mide en patrullas, carpetas de investigación o estadísticas criminales, tendría que revisar el último Índice de Competitividad Urbana 2026 del IMCO. El problema es que hoy ni siquiera esos tres frentes están suficientemente atendidos: faltan patrullas, falta profesionalización en las investigaciones y las estadísticas criminales se han vuelto menos confiables por los cambios en los mecanismos de registro. Por eso, cuando la violencia ya aparece reflejada en el crecimiento económico de las ciudades, el foco rojo no sólo está en seguridad pública: está en el modelo de desarrollo.
El IMCO documenta que, en apenas dos años, el crecimiento promedio del PIB de las ciudades evaluadas cayó de 4.1% en el ICU 2024 a 2.4% en el ICU 2026. Y aunque la desaceleración responde a distintos factores, hay casos donde la violencia pesa con claridad. Campeche tuvo una caída de -1.13%, explicada principalmente por el declive petrolero; pero Mazatlán y Culiacán crecieron apenas 0.27% y 0.97%, respectivamente, en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad. En Culiacán, además, el propio IMCO registra una caída en competitividad asociada al alza de la inseguridad desde finales de 2024: 60.10 homicidios por cada 100 mil habitantes, percepción de seguridad de apenas 16.25% y agresiones a periodistas por encima de 25 por cada millón de habitantes. Ese es el punto de partida: Sinaloa muestra con crudeza cómo la violencia deja de ser sólo una tragedia social para convertirse también en una restricción económica. Pero sería un error pensar que ese fenómeno está lejos de Sonora. Lo que hoy se observa con mayor impacto en Culiacán y Mazatlán también tiene señales preocupantes en Ciudad Obregón, es decir, Cajeme. Aunque el golpe económico no aparece con la misma intensidad que en las ciudades sinaloenses, la ficha de Ciudad Obregón en el mismo reporte del IMCO refleja una realidad que no puede normalizarse: bajo crecimiento, alta incidencia de homicidios y una percepción de seguridad insuficiente para construir confianza. La inseguridad encarece todo. Encarece abrir un negocio, transportar mercancías, asegurar unidades, contratar personal, operar hasta tarde, invertir en una nueva sucursal o simplemente sostener una actividad productiva. También genera un costo menos visible: rompe la expectativa de futuro. Cuando una ciudad transmite miedo, incertidumbre o ausencia de autoridad, el capital se vuelve cauteloso, el talento migra y los proyectos se aplazan.
Aquí aparece una discusión de fondo. Las transferencias económicas son necesarias y han ayudado a sostener el consumo interno, especialmente en hogares con menos margen de ingreso. Pero el consumo es sólo uno de los cuatro motores que necesita un país, un estado o una región para despegar. El segundo motor es la estabilidad económica y la certidumbre jurídica: reglas claras, seguridad, instituciones que funcionen y condiciones mínimas para invertir. El tercer motor es la infraestructura pública para el desarrollo: carreteras, energía suficiente y a bajo costo, servicios urbanos competitivos, disponibilidad de agua, conectividad y capacidad logística. Ninguna región puede aspirar a competir si sus empresas enfrentan apagones, desabasto de agua, caminos deteriorados o servicios urbanos que elevan sus costos. El cuarto motor es el capital humano. No basta transferir ingreso si no hay servicios de salud con medicinas, escuelas que formen bien a niñas, niños y jóvenes, capacitación técnica, universidades vinculadas con los sectores productivos y una apuesta real por la mentefactura. Las localidades no despegan sólo porque reciben recursos; despegan cuando esos recursos se conectan con capacidades, infraestructura, seguridad y oportunidades productivas. Sonora tiene ventajas evidentes: ubicación estratégica, vocación industrial, frontera, energía, minería, agroindustria y talento. Pero también tiene asignaturas pendientes que no pueden maquillarse. Ciudad Obregón es una advertencia. Si no se recupera la seguridad, si no se fortalece la investigación criminal, si no se ordenan los servicios urbanos y si no se articula una política de desarrollo con capital humano, el estado puede tener potencial, pero no plataforma de despegue.
La política social es indispensable, pero no sustituye al Estado de derecho. Las transferencias ayudan a resistir; la seguridad, la infraestructura, la certidumbre y la educación ayudan a crecer. Ese es el mensaje incómodo del IMCO: cuando la violencia se vuelve parte del paisaje, la economía también aprende a caminar más despacio.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
