La Fiscalía General de la República (FGR) concretó la extradición de Abel “N” a Estados Unidos, donde es requerido por una corte federal del estado de Oregon por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
La entrega del ciudadano mexicano se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde autoridades estadounidenses recibieron al reclamado para trasladarlo a territorio norteamericano y continuar con el proceso judicial en su contra.
De acuerdo con la información oficial, el caso deriva de una investigación seguida ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon. La FGR señaló que el acusado se declaró culpable en julio de 2022 por cargos relacionados con actividades ilícitas vinculadas a drogas y asociación criminal.
Sin embargo, tras obtener su libertad provisional, el imputado no acudió a una audiencia posterior en la que debía comparecer para escuchar la sentencia correspondiente, por lo que fue considerado prófugo y se activaron los mecanismos legales para lograr su localización.
A solicitud del Gobierno estadounidense, la FGR promovió una orden de detención con fines de extradición ante un juez federal mexicano. El mandamiento judicial fue concedido y ejecutado en febrero pasado en Tijuana, Baja California, donde fue capturado.
Posteriormente, el procedimiento avanzó conforme a las etapas previstas en el marco legal bilateral hasta que el Gobierno de México autorizó formalmente la entrega del reclamado a las autoridades estadounidenses.
La Fiscalía no precisó cuál fue la sustancia relacionada con la causa penal ni informó sobre la posible condena que enfrentará el acusado una vez que comparezca nuevamente ante la justicia de Estados Unidos. Tampoco se dieron a conocer posibles vínculos con alguna organización criminal.
La extradición se llevó a cabo bajo los mecanismos de cooperación internacional contemplados en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, instrumento mediante el cual ambos países colaboran en la persecución de delitos de carácter transnacional.
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Este tipo de procedimientos forman parte de la coordinación judicial entre ambas naciones para combatir delitos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilícitas que operan más allá de las fronteras.
Con información de EFE
