A casi dos décadas (17 años) de la tragedia en la Guardería ABC, las familias continúan recordando y exigiendo justicia por los 49 niños y niñas que murieron en aquel incendio la tarde del 5 de junio en Hermosillo, y por decenas más que resultaron lesionados o expuestos.
Las vigilias, las misas, los murales, las concentraciones públicas y la mayoría de los actos en memoria de los pequeños, por los que se fueron y por los sobrevivientes, hoy ya adolescentes, se han mantenido a lo largo de todos estos años.
En las primeras manifestaciones, alrededor del 11 de junio de 2009, algunos de los principales medios a nivel nacional contabilizaban hasta 10 mil personas; la cifra fue a la baja hasta llegar a solo cientos de asistentes.
Una de las marchas más emotivas fue la de 2024. A 15 años de la tragedia, niñas y niños sobrevivientes marcharon ya como adolescentes de entre 16 y 18 años, pero no solo marcharon, sino que encabezaron la caminata desde el lugar del incendio hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.
Junto a los padres de las víctimas, caminaron y exigieron justicia, reparación del daño y atención para quienes quedaron con secuelas. Recordaron a sus compañeros, cantaron y dedicaron palabras en su memoria.
Gabriel Alvarado Serrano, abogado y representante legal del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, habló sobre los asuntos que consideran siguen pendientes, entre los que destacan la ejecución de siete de diez sentencias condenatorias que hasta el momento no se han cumplido.
“Entre los grandes pendientes están que desde 2021 al 2022, la Suprema Corte determinó las responsabilidades en un proceso que se inició a dos o tres semanas de la tragedia, y que fueron encausadas y juzgadas 22 personas de los tres niveles de gobierno y dos de los socios propietarios de la estancia infantil.
“(Sobre esto) aún quedan pendientes de ejecutarse siete de diez sentencias condenatorias, de personas que tienen órdenes de aprehensión y que por una razón o por otra, las autoridades federales no las han podido ejecutar”, comentó.
A lo largo de estos años, señaló el abogado, el cambio en las procuradurías, fiscalías y en los nombramientos ha repercutido de manera negativa en los avances de la investigación, aunque reconoció que este 2026 se han llevado a cabo algunas diligencias pendientes para acreditar la existencia de los elementos penales del incendio.
Otro de los temas pendientes, dijo, son dos amparos en revisión promovidos por las defensas legales de dos personas relacionadas y señaladas como responsables en la tragedia. La defensa sostiene que los delitos han prescrito, pero un juez federal negó el amparo y actualmente se espera la resolución de una ministra de la Suprema Corte, para definir si los delitos relacionados con menores prescriben o no.
“Hasta este momento, y a punto de cumplirse 17 años, todavía el IMSS se sigue resistiendo para reconocer en un grupo de los jóvenes sobrevivientes su condición como menores lesionados como consecuencia del incendio.
“Aunque están siendo sometidos a tratamientos, estudios y medicamentos, a taños años, aun si incluso con dictámenes del propio IMSS no quieren reconocerles ese carácter de lesionados y, por lo tanto, hemos tenido que iniciar acciones legales para exigir ese reconocimiento”.
Alvarado Serrano confirmó que durante este 2026 no se ha realizado ni una sola reunión entre las víctimas y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
