La soberanía energética no se acredita por decreto ni por el cambio jurídico que convierte a PEMEX y CFE en empresas del Estado. Se acredita con resultados: finanzas sanas, producción suficiente, inversión sostenida, operación eficiente y capacidad real para garantizar energía confiable y competitiva. Bajo esa vara, la narrativa oficial del rescate energético merece una revisión crítica, porque los números muestran que el control estatal, por sí solo, no ha resuelto los problemas estructurales de las dos empresas estratégicas del país.
Durante los últimos años, PEMEX ha seguido cargando con una deuda elevada, pérdidas recurrentes, presión de proveedores, exposición al tipo de cambio y una producción que no logra recuperar de manera sostenida los niveles necesarios para fortalecer su posición financiera. La reducción de deuda o la disminución de pérdidas en ciertos periodos no eliminan el problema de fondo: buena parte de la estabilidad de la empresa depende del respaldo fiscal del Gobierno Federal. Una petrolera que requiere apoyos constantes para cubrir vencimientos, sostener inversión o aliviar su liquidez no representa autosuficiencia plena; representa una presión permanente sobre las finanzas públicas.
CFE enfrenta una situación distinta, pero no menos relevante para discutir la soberanía energética. Su posición financiera es más estable que la de PEMEX y cuenta con una base amplia de usuarios e ingresos, pero sus retos están en la inversión, los costos operativos, la dependencia de combustibles, la expansión de la red de transmisión y distribución, así como en la necesidad de garantizar electricidad suficiente para hogares, industria, nearshoring y nuevas demandas tecnológicas. Si la empresa no invierte con oportunidad y eficiencia, puede pasar de ser instrumento de desarrollo a convertirse en cuello de botella para el crecimiento económico.
El problema de fondo es confundir propiedad estatal con soberanía. Que una empresa sea pública no la vuelve automáticamente fuerte, eficiente o financieramente viable. Una empresa pública debilitada puede aumentar la vulnerabilidad del país si depende del presupuesto, posterga inversiones, acumula pasivos, opera con baja rentabilidad o no logra responder a la demanda futura. La soberanía energética no consiste solo en que el Estado conserve el control, sino en que ese control produzca seguridad de abasto, precios competitivos, infraestructura suficiente y sostenibilidad de largo plazo.
Por eso, la transformación de PEMEX y CFE en empresas del Estado no debería celebrarse como prueba de soberanía, sino evaluarse como una apuesta que todavía debe demostrar resultados. México no será más soberano si sus empresas energéticas tienen menos margen financiero, menos capacidad de inversión o más dependencia del erario. La verdadera soberanía energética se mide por la capacidad de producir, transportar, refinar, generar y distribuir energía de manera confiable, competitiva y sostenible. Si PEMEX y CFE no logran eso, el país no habrá recuperado soberanía: habrá cambiado el discurso, pero no la realidad.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
