De última hora, con el tiempo encima, sin posibilidad de debatir y echando mano del mayoriteo de su aplanadora legislativa, el oficialismo se prepara para reformar la Constitución y la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales en la última semana del mes de mayo. Lo hacen con prisa, e improvisando, porque cualquier cambio a las reglas electorales debe aprobarse antes del 3 de junio, para que entre en vigor en los comicios de 2027.
No se trata de una reforma trascendental, ni mucho menos de la gran reforma político electoral que pudo haber hecho la presidenta Claudia Sheinbaum como impronta de su sexenio, pues esa posibilidad ella misma la dejó escapar por encargar el tema a un dogmático como Pablo Gómez, incapaz de hablar con quienes no piensan como él.
Sin embargo, los cambios que Morena se dispone a aprobar en el periodo extraordinario de sesiones que inicia este martes, con ayuda de sus aliados del PVEM y el PT, no son irrelevantes, tendrán consecuencias y hubiera sido deseable que se hicieran con más tiempo, mayor reflexión y con un procesamiento que no excluya a las oposiciones. Lamentablemente, la 4T intentará, otra vez, modificar las reglas del juego electoral por sí mismo, sin escuchar los argumentos de los partidos minoritarios.
¿De qué se tratan las reformas?
En primer lugar, se discutirá la iniciativa presidencial de reforma a la reforma judicial de 2024. Se trata de ajustes a los cambios heredados por Andrés Manuel López Obrador que dieron como resultado la elección de ministros, magistrados y jueces. Una corrección de fecha necesaria para no colapsar el sistema electoral en 2027, cuando iban a confluir la elección federal y las locales con una elección de 800 personas juzgadoras a nivel federal y más de 2 mil a nivel local. Una locura no prevista por el oficialismo en septiembre de 2024, cuando sus legisladores le aprobaron a AMLO el insólito plan C.
Pero no sólo se trata de aplazar la elección judicial a 2028, sino de una serie de cambios que buscan atender los reclamos de sectores empresariales, quienes han manifestado su preocupación por la poca certeza que dio la elección de 2025, un proceso complejo marcado por el uso de acordeones, la casi nula comprensión ciudadana sobre lo que se estaba votando y una baja participación electoral, de apenas un 12% del padrón.
La iniciativa de Sheinbaum no resuelve por completo, pero sí comienza a corregir los problemas de esa elección, al incorporar mejores mecanismos para reducir el número de aspirantes por cargo, simplificar la boleta y hacer más estrictos los filtros para ser candidato, en un intento por mejorar el nivel de los jueces electos.
Aprovechando el viaje, la presidenta ha propuesto nuevamente mover la fecha de una posible consulta de revocación de mandato, esta vez para hacerla concurrente con la elección judicial de 2028; es decir, para que ambos procesos se celebren el 4 de junio de ese año. Ya en marzo intentó que le aprobaran adelantar su revocatorio para hacerlo coincidir con la jornada electoral de 2027, pero sus aliados la frenaron.
Ya convocado el extraordinario, la presidenta envió una iniciativa más, para reformar la Ley de Procedimientos Electorales para crear una comisión más del Instituto Nacional Electoral. Dicha comisión tendría a su cargo la verificación de la integridad de las candidaturas que postulen los partidos a diversos cargos de elección popular.
La comisión, que le dará más trabajo al INE, funcionará como un vínculo entre los partidos y diversas instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para tratar de atajar el riesgo de que se postulen candidatos con nexos con la delincuencia organizada.
La intención es buena en un país cuyo sistema político ya ha sido infiltrado, pero habrá que esperar su implementación para saber si el mecanismo será efectivo para realmente cerrar la puerta al crimen, o si terminará siendo un requisito más o, peor aún, un filtro que se use en contra de políticos de oposición.
Finalmente, el diputado Ricardo Monreal ha introducido por la puerta trasera una tercera iniciativa para establecer como causa de nulidad de las elecciones la injerencia extranjera. Actualmente, la Constitución contempla tres causales de nulidad electoral: rebasar el tope de gastos de campaña, contratar cobertura informativa indebida y utilizar recursos de procedencia ilícita, por lo que Monreakl busca agregar una cuarta: la intervención extranjera.
De manera ambigua, la iniciativa plantea que se busca evitar que gobiernos extranjeros influyan en las elecciones mexicanas, pero deja abierta la puerta a un mar de interpretaciones para que los magistrados del Tribunal Electoral, hoy controlados por el Gobierno, puedan determinar que hubo tal injerencia en una elección.
Los tiempos legislativos no dan para una discusión seria y serena de asuntos tan importantes, pues en una semana deben aprobarse las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, el Senado y 17 Legislaturas de los estados. No sería la primera vez que Morena y sus aliados legislen en cuestión de horas y días. Pero eso no quiere decir que sea la mejor manera de hacerlo.
Lo que esta semana veremos no es nuevo, finalmente, legislar al vapor se ha convertido en el sello de la democracia según la cuarta transformación.
