La designación de Blanca Diva Ponce Caro como secretaria ejecutiva de un comité seccional de Morena en Cajeme ha encendido la polémica, al tratarse de una jueza en funciones en materia penal, pese a que la Constitución de Sonora prohíbe expresamente a los juzgadores desempeñar otros cargos.
El nombramiento fue formalizado durante la toma de protesta encabezada por el dirigente local del partido, David Mendoza, quien integró a la también abogada sonorense dentro de la estructura operativa del partido.
Prohibición constitucional clara
De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Sonora, los jueces en funciones no pueden desempeñar otros empleos, cargos o comisiones.
El artículo 123 establece de manera puntual que:
“Los Jueces… no pueden desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del Gobierno del Estado, de otras entidades, de los municipios, o de particulares”.
Esta disposición busca garantizar la independencia judicial y evitar cualquier tipo de subordinación o conflicto de interés.
Cargo partidista y función judicial
Pese a esta restricción, Blanca Diva Ponce Caro —quien fue electa en 2025 como jueza penal en el Circuito 2 con sede en Cajeme— asumió funciones dentro de la estructura territorial de Morena, lo que ha sido señalado como una posible incompatibilidad con su encargo judicial.
El cargo de secretaria ejecutiva dentro de un comité seccional implica tareas operativas y de organización política, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Un caso que abre debate nacional
El hecho ocurre en el contexto del nuevo modelo de elección de jueces en México, lo que ha generado críticas sobre los riesgos de vinculación entre el Poder Judicial y estructuras partidistas.
Diversas voces han advertido que este tipo de situaciones podrían vulnerar la separación de poderes, uno de los principios fundamentales del sistema democrático.
Hasta el momento, ni la jueza ni autoridades de Morena han emitido una postura pública detallada sobre la compatibilidad de ambos cargos.
