Por Ernesto A. Martínez Nieves
En América Latina solemos hablar constantemente sobre la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Gobiernos, cámaras empresariales, universidades y organismos internacionales coinciden en que las pymes representan el corazón del tejido económico, generan empleo, sostienen cadenas productivas y mantienen viva la actividad comercial de miles de ciudades.
Sin embargo, existe una pregunta que rara vez se analiza con suficiente profundidad:
¿Por qué tantas empresas logran sobrevivir… pero pocas consiguen crecer?
El reciente estudio “Crecimiento empresarial y buenas prácticas regulatorias para la mejora del entorno de las pymes españolas 2026”, elaborado por la Cámara de Comercio de España, aporta una reflexión extremadamente valiosa para México, Sonora y toda América Latina: muchas empresas no frenan su crecimiento únicamente por falta de mercado, financiamiento o talento; también se detienen debido al peso acumulado de las cargas regulatorias y administrativas.
La relevancia del documento radica en que no se trata de una crítica ideológica hacia la regulación. El estudio no propone eliminar controles, debilitar derechos laborales o reducir estándares de cumplimiento. Lo que plantea es algo mucho más sofisticado y técnicamente relevante: la necesidad de construir regulación proporcional, coherente y compatible con el crecimiento empresarial.
Y ahí aparece una de las grandes reflexiones que deja este trabajo.
La regulación también define el tamaño empresarial
Durante muchos años se asumió que el tamaño de las empresas dependía casi exclusivamente de factores internos:
- Capacidad administrativa;
- Acceso a capital;
- Innovación;
- Calidad del producto;
- Liderazgo empresarial.
Todo eso sigue siendo importante. Pero el estudio demuestra que el entorno regulatorio también condiciona profundamente la capacidad de expansión de una empresa.
El análisis estadístico detectó “umbrales regulatorios” particularmente visibles en empresas de:
- 10 empleados;
- 20 empleados;
- y especialmente 50 trabajadores.
¿Qué significa esto?
Que, al alcanzar ciertos tamaños, las empresas enfrentan nuevas obligaciones administrativas, laborales, fiscales y de cumplimiento que incrementan significativamente sus costos operativos y su carga burocrática.
Lo más interesante es que el estudio identifica fenómenos de “acumulación empresarial” antes de esos umbrales. Es decir, muchas empresas prefieren quedarse en 18 o 19 trabajadores, o en 46 a 49 empleados, antes que cruzar hacia nuevas capas regulatorias.
La reflexión es poderosa.
En ocasiones, el problema no es la falta de ambición empresarial. El problema es que crecer comienza a percibirse como un riesgo operativo.
El verdadero debate no es regulación sí o regulación no
Uno de los mayores errores en los debates públicos contemporáneos es caer en posiciones simplistas.
Por un lado, existen discursos que consideran que toda regulación es negativa y que el mercado debería operar prácticamente sin intervención.
Por otro lado, también existen visiones que asumen que cualquier nueva obligación regulatoria siempre representa progreso institucional.
La realidad es mucho más compleja.
Las sociedades modernas necesitan regulación:
- Para proteger derechos;
- Garantizar seguridad;
- Proteger el medio ambiente;
- Ordenar mercados;
- Reducir abusos.
Pero también es cierto que una regulación mal diseñada puede convertirse en un obstáculo estructural para la productividad, la formalidad y el crecimiento económico.
Precisamente por eso, los modelos regulatorios más avanzados del mundo han comenzado a migrar hacia conceptos como:
- Proporcionalidad regulatoria;
- Simplificación basada en evidencia;
- Evaluación ex ante y ex post;
- Análisis de cargas administrativas;
- Mejora regulatoria orientada a resultados.
El objetivo ya no es “regular más”.
El objetivo es regular mejor.
Digitalizar no siempre significa simplificar
Quizá una de las reflexiones más importantes para América Latina tiene que ver con la digitalización.
En los últimos años, muchos gobiernos han apostado por plataformas digitales, ventanillas electrónicas y trámites en línea como solución principal a los problemas burocráticos.
Sin embargo, el estudio europeo confirma algo que especialistas en mejora regulatoria han advertido desde hace tiempo:
Digitalizar un trámite complejo no elimina necesariamente la carga regulatoria.
Si el trámite sigue:
- Teniendo requisitos excesivos;
- Duplicando información;
- Manteniendo discrecionalidad;
- Solicitando validaciones innecesarias;
- Generando incertidumbre jurídica.
entonces el problema estructural permanece intacto, aunque ahora exista una plataforma digital.
Esto resulta especialmente relevante para México, donde muchas veces la digitalización se presenta como sinónimo automático de modernización administrativa.
La transformación digital sí es importante. Pero debe llegar después del rediseño regulatorio, no antes.
Primero debe simplificarse el proceso.
Después debe digitalizarse.
No al revés.
Las pymes y la competitividad nacional
Otro aspecto fundamental del estudio es que conecta directamente el crecimiento empresarial con la competitividad económica.
Las empresas de mayor tamaño normalmente:
- Invierten más en innovación;
- Exportan más;
- Generan empleos más estables;
- Resisten mejor las crisis;
- Tienen mayores niveles de productividad.
Esto significa que facilitar el crecimiento empresarial no es únicamente una política de apoyo a las pymes.
Es una estrategia de desarrollo económico.
Cuando un país tiene dificultades estructurales para que sus empresas crezcan, las consecuencias aparecen en múltiples niveles:
- Menor productividad;
- Menor sofisticación económica;
- Menor innovación;
- Menor capacidad exportadora;
- Menor competitividad internacional.
Por ello, la mejora regulatoria debe dejar de verse como un tema secundario o exclusivamente administrativo.
La calidad regulatoria es política económica.
Una reflexión especialmente importante para Sonora y México
Los hallazgos de este estudio son particularmente útiles para estados y municipios mexicanos que buscan atraer inversión, fortalecer cadenas productivas y aprovechar oportunidades derivadas del nearshoring.
Hoy más que nunca, la competitividad territorial ya no depende solamente de infraestructura o ubicación geográfica.
También depende de:
- Claridad regulatoria;
- Tiempos de respuesta;
- Proporcionalidad;
- Coordinación entre niveles de gobierno;
- Reducción de discrecionalidad;
- Costos reales de cumplimiento.
En muchos casos, las empresas pueden tolerar una regulación exigente.
Lo que resulta insostenible es:
- La incertidumbre;
- La duplicidad;
- La contradicción normativa;
- La fragmentación institucional;
- Los costos ocultos de la burocracia.
Ahí es donde la mejora regulatoria moderna adquiere valor estratégico.
La regulación inteligente como herramienta de desarrollo
La principal lección que deja este estudio europeo es que la competitividad moderna requiere regulación inteligente.
Una regulación:
- Clara;
- Proporcional;
- Trazable;
- Coordinada;
- Técnicamente evaluada;
- Diseñada considerando los costos reales de cumplimiento.
La buena regulación no debilita al Estado.
Lo fortalece.
Porque genera:
- Mayor confianza;
- Mayor formalidad;
- Mayor inversión;
- Mayor cumplimiento;
- Mejores condiciones para el crecimiento económico sostenible.
En este contexto, herramientas técnicas como:
- Análisis de impacto regulatorio;
- Evaluación de cargas administrativas;
- Indicadores de simplificación;
- Metodologías basadas en evidencia.
dejan de ser ejercicios académicos y se convierten en instrumentos estratégicos para el desarrollo económico.
La gran conclusión es clara:
Las economías modernas no solo necesitan empresas que nazcan.
Necesitan empresas que puedan crecer.
Y para que eso ocurra, el entorno regulatorio importa mucho más de lo que durante años quisimos reconocer.
El autor es Contador Público, Presidente del Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, AC. Microempresario sonorense del sector comercio, ex Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria (2015-2021), Presidente Comisión Mejora Regulatoria COPARMEX Zona Norte, Coordinador de la Mesa Mejora Regulatoria Consejo INCIDE y Miembro de la RED HCV.
