La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha muerto. Sus intenciones de reducir el costo de los partidos, los procesos y las autoridades electorales fracasaron y, en cambio, se han hecho cuatro reformas a la Constitución para tratar de generar ahorros en los Congresos locales, los ayuntamientos, el Senado de la República y en las remuneraciones de los altos funcionarios electorales.
Cierto, se limitará el número de regidurías y sindicaturas en los municipios, se limitará el gasto de los Congresos a un máximo del 0.7% del presupuesto anual de cada entidad, se procurará que en cuatro años el Senado reduzca su gasto en un 15% y se pondrán nuevos candados para que magistrados, consejeros y la alta burocracia electoral no gane más que la presidenta de la República.
Pero eso no es una reforma electoral, mucho menos una reforma política.
Los cambios constitucionales del llamado plan B -aprobados ya en el Congreso de la Unión y más de la mitad de las legislaturas de los estados- no es ni la sombra de lo que han pretendido el obradorismo y Morena en sus ya más de siete años en el gobierno. Tampoco es, por fortuna, la reforma regresiva o autoritaria que acusaba la oposición najo el caricaturesco nombre de “Ley Maduro”.
El plan B, por más que la propaganda oficialista lo niegue, es un fracaso rotundo de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Morena y de los operadores políticos del Gobierno, incapaces de convencer, ni siquiera a sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo.
Dicen que lo que mal comienza mal acaba y, en este caso, la frase es más que cierta.
Claudia Sheinbaum anunció su intención desde hacer una reforma electoral el 24 de junio de 2025, el día en el que cumplió 63 años, y unas horas después de que el Instituto Nacional Electoral declarara la validez de la elección judicial. En aquella conferencia mañanera, la presidenta se quejó de que el INE hubiera invalidado 800 de 83 mil casillas, por las graves irregularidades descubiertas durante los cómputos distritales. La presidenta se quejó de que cinco consejeras y consejeros electorales hayan propuesto no declarar la validez de la elección de jueces por lo desaseado del proceso, los acusó de siempre decidir en contra de la Cuarta Transformación, los acusó de excederse en sus atribuciones, y anunció que, ahora sí, presentaría una reforma electoral.
Al mismo estilo con el que Andrés Manuel López Obrador anunció y propuso sus tres intentos de reforma electoral, Sheinbaum la planteaba como una especie de castigo o revancha ante una decisión del INE que le incomodaba a su régimen.
Luego creó una comisión presidencial para la reforma electoral y puso como su presidente a Pablo Gómez, a quien acababa de despedir de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fiel a su talante, el veterano activista de izquierda, eterno legislador plurinominal, se caracterizó por sus declaraciones polarizantes y excluyentes. En agosto, le declaró a EL PAÍS que Morena usaría sus mayorías para imponer la reforma a pesar de la oposición. Y en enero aseguró que la autonomía del INE era prescindible.
Sus trabajos tendieron a la búsqueda de un consenso de las fuerzas políticas para acordar nuevas reglas del juego democrático, como en anteriores reformas electorales (1977, 1990, 1996, 2007 o 2014), sino unos foros de escucha en los que los ponentes tuvieron máximo 5 minutos para expresar una idea.
¿Resultado? El proyecto que le presentó a la presidenta en enero no generaba consenso ni siquiera entre los miembros de la comisión, donde sólo confluían funcionarios de Gobierno; por cierto, ninguno especialista en temas político-electorales. Ni la presidenta estuvo a gusto con las propuestas, les corrigió la plana y, a finales de enero, encargó a dos de sus allegadas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica Esthela Damián, hacerse cargo de la iniciativa.
La presidenta optó por una propuesta que buscaba desempoderar a las cúpulas de los partidos: reducía en 25% el financiamiento público de los partidos, eliminaba 32 senadurías de Lista Nacional, cambiaba la manera de elegir a los 200 diputados plurinominales, fortalecía mecanismos de democracia directa, y proponía una serie de cambios para agilizar el cómputo de los votos, facilitar la participación de mexicanos residentes en el extranjero, fortalecer la fiscalización de los recursos usados en campañas y regular el uso de la inteligencia artificial en la comunicación política.
Pero Verde y PT rechazaron la iniciativa, y la condenaron. Así, Sheinbaum envió un proyecto muerto el 4 de marzo a la Cámara de Diputados, que una semana después fue votado sin la mayoría calificada necesaria para hacer cambios a la Constitución.
El plan B nació un día después, con una propuesta que también fue rechazada por el PT, la de adelantar la revocación de mandato de Sheinbaum, para empatarla con las elecciones intermedias de 2027. Nuevamente, Sheinbaum encargó la negociación a Esthela Damián y Rosa Iceela Rodríguez, y otra vez fracasaron.
A pesar de hacerlos firmar un documento en el que se comprometían a respaldare el plan B, la secretaria de Gobernación no pudo impedir que el PT votara en contra de adelantar el revocatorio, y el Senado terminó aprobando una mini reforma que ni es política, ni es electoral. Mucho menos es la gran reforma del Estado a la que la presidenta pudo haber convocado con su enorme legitimidad derivada de sus 35 millones de votos de 2024.
Sheinbaum empoderó de más a dos partidos canallas, Verde y PT; permitió que los radicales de la 4T y la inexperiencia de sus operadoras políticas le echaran a perder la reforma electoral, y la oportunidad de llevarla a cabo durante la primera mitad de su mandato se le ha escurrido entre las manos.
Pero respiremos tranquilos. Por cuarta vez, la cuarta transformación fracasó en su intento de modificar de fondo el sistema electoral. Y eso, a final de cuentas, no es una mala noticia.
