Luego del fracaso de la reforma político-electoral que quería la presidenta Claudia Sheinbaum, el oficialismo se apresta para nombrar a los consejeros que habrán de ocupar las tres sillas que quedarán vacantes en el Instituto Nacional Electoral a partir del próximo 4 de abril.
No es un nombramiento menor, pues los nuevos consejeros estarán nueve años en el cargo y formarán parte del INE en las elecciones federales de 2027 y las presidenciales de 2030. Estarán ahí hasta 2035, y sustituirán a dos consejeras y un consejero conocidos por no simpatizar con el nuevo régimen de la cuarta transformación.
Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera son la última generación de consejeros nombrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Llegaron en 2017 a la llamada “herradura de la democracia”, impulsados por los partidos tradicionales: PRI, que impulsó a Ravel; PAN, que propuso a Rivera, y PRD, que sugirió a Zavala.
Después de ellos, a partir de 2020, todos los demás consejeros han sido impulsados por Morena, incluida la actual consejera presidenta Guadalupe Taddei, cuyos vínculos familiares y profesionales con el oficialismo son bastante conocidos, principalmente en su natal Sonora.
A partir de la llegada de Taddei, en 2023, el INE experimentó un notorio cambio en su relación con el gobierno. Pasó de la abierta confrontación, en tiempos de Lorenzo Córdova, a la sumisión de Taddei, pero en ambas épocas con matices relevantes, los matices que se dan en un órgano colegiado gracias a la trayectoria, carácter y afinidades de cada uno de sus 11 integrantes.
En el INE de Taddei, las consejeras Zavala, Ravel y Rivera jugaron un destacado papel como contrapeso a la cercanía de la consejera presidenta con el gobierno. Además de ellos, otros dos consejeros han destacado en la defensa de la autonomía del instituto: Martín Faz, nombrado en 2020, y Arturo Castillo, nombrado en 2023. Al grupo se suma, dependiendo de la votación, Carla Humphrey, consejera de brillantes posicionamientos, pero de votos desconcertantes, como el de la sobrerrepresentación de Morena o el de la validez de la elección judicial.
Esa configuración, que por momentos deja ver una clara fractura en la “herradura”, es lo que va a cambiar con la salida de Zavala, Ravel y Rivera. Sin duda, se avecinan tiempos más cómodos para Guadalupe Taddei y su corte de consejeros alineados al régimen (Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Uuc-kib Espadas y Rita Bell López), pues los tres que llegarán surgirán de un acuerdo que sólo incluirá a los partidos de la 4T, Morena, PVEM y PT, que tienen los votos necesarios para aprobar sus nombramientos con la mayoría calificada que exige la Constitución, cosa que no tenían en 2023, cuando tuvieron que recurrir a la tómbola para nombrar a Taddei.
Cómo va la designación
A diferencia de lo que ocurre cada tres años con el proceso de designación de consejeros del INE, esta vez la Cámara de Diputados lanzó hasta inicios de marzo la convocatoria pública para los interesados, pues Ricardo Monreal, líder de la mayoría, esperó hasta confirmar que la reforma electoral del gobierno no tocara la integración del INE o el método de designación.
La semana pasada, 476 personas se registraron, de los cuales 267 cumplen los requisitos constitucionales y entregaron toda su documentación, y 209 están subsanando algún error en su registro.
La Junta de Coordinación Política de la propia Cámara integró el comité de evaluación que se estipula en la ley para revisar los currículums, aplicar los exámenes, realizar entrevistas y, en resumen, determinar quiénes terminarán ocupando un asiento en el Consejo General del INE. Y ahí está la clave de todo este asunto.
Gracias a su mayoría en la Cámara de Diputados, el comité técnico que evalúa a los más de 400 candidatos a consejero electoral quedó conformado con perfiles afines al oficialismo. El comité se integra por tres especialistas nombrados desde la Junta de Coordinación Política y dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cinco personas que, por su trayectoria, están o han estado ligadas al oficialismo.
Desde la semana pasada, PRI, PAN y especialistas en la materia electoral han criticado la conformación de este comité, y han advertido sobre un peligro inminente de captura, debido al perfil de los cinco evaluadores.
La Junta de Coordinación Política colocó a tres personas vinculadas con el Poder Judicial:
1. La magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, Marcela Elena Fernández Domínguez, quien llegó al cargo en la elección judicial de 2025 gracias a que su nombre fue promovido en los acordeones difundidos por Morena para respaldar a los candidatos del oficialismo.
2. El exmagistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, Rubén Jesús Lara, famoso por haber sido quien promovió una resolución que condenó a la activista ciudadana de Sonora, Karla Estrella, a una multa y a pedir perdón a la diputada del PT, Diana Karina Barreras, por una publicación en sus redes sociales que presuntamente caía en violencia política de género. Barreras es esposa del morenista y entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
3. La abogada Selene Cruz Alcalá, actual magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien fue candidata a ministra en la elección judicial. Al quedar fuera de la Suprema Corte, el Gobierno federal la promovió como su representante en dicho tribunal.
La CNDH puso en el comité a dos mujeres:
1. Irma Rodríguez Cruz, exfuncionaria del Gobierno de Michoacán y de instituciones del Gobierno federal como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa. Fue asesora de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino y, según se apresuró a aclarar el INE el pasado viernes, la funcionaria renunció desde hace una semana a su cargo para aceptar la nueva encomienda, “a pesar de que no estaba obligada a hacerlo”.
2. Miriam Rodríguez Armenta, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y esposa de un alto funcionario de la Comisión Nacional del Agua y exconsejero electoral de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez.
El comité es determinante para el futuro del INE pues, luego de tres semanas de evaluaciones y filtros, entregará a la JUCOPO 15 nombres con los posibles consejeros; cinco por cada una de las tres vacantes. Es decir, los evaluadores serán quienes decidan quiénes, de entre 476 personas, son las que podrán llegar hasta la etapa final.
En la JUCOPO, los coordinadores parlamentarios deben construir un acuerdo para proponerle al pleno de la Cámara una persona para cada cargo, el próximo 22 de abril. Para que haya designación, el pleno de la Cámara debe aprobar los tres nombres con mayoría calificada. Si su primera propuesta es rechazada, la JUCOPO puede proponer una más y, si no, podría recurrir a la tómbola, como lo hizo en marzo de 2023 para nombrar a Taddei.
Pero, entonces el oficialismo no tenía mayoría calificada; esta vez sí. Morena requerirá nuevamente de los votos de sus aliados del Verde y el PT para aprobar un asunto electoral de gran calado. Pronto se sabrá si Morena accedió a otorgarles a sus aliados una o dos consejerías a cambio de sus votos.
Luego del fracaso de la reforma electoral de Sheinbaum, y de la aprobación de un pírrico plan B, ésta es la oportunidad de la 4T para resarcir heridas, mostrar unidad votando en bloque. Y, claro está, también es una oportunidad para dar un paso más en la captura del sistema electoral.
