Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas garantizar el acceso a asesoría legal para migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en el estado de Florida, en medio de crecientes denuncias por presuntos abusos.
La resolución, emitida por la jueza Sheri Polster Chappell, también instruye a las autoridades a difundir información clara sobre los mecanismos para que abogados puedan comunicarse con las personas retenidas en el recinto, localizado en las inmediaciones de los Everglades, una zona natural al oeste de Miami.
El fallo responde a una demanda interpuesta por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses y Sanctuary of the South, que han señalado violaciones al debido proceso dentro del centro de detención, convertido en símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Estas asociaciones “no dejarán de luchar hasta que este sitio abusivo cierre por completo de una vez por todas”, manifestó Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU en un comunicado.
“El fallo es una gran victoria y subraya lo que hemos sabido que es cierto todo este tiempo: el acceso a la asesoría legal es un derecho constitucional, no un privilegio, para todas las personas en este país, y el estado de Florida e ICE no pueden encerrar a la gente sin que tengan forma de hablar con un abogado”, indicó.
El centro, inaugurado en julio de 2025, enfrenta un mayor escrutinio público tras denuncias sobre condiciones de reclusión. En paralelo, los senadores Jon Ossoff y Dick Durbin solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional abrir una investigación formal por “acusaciones creíbles” de abusos.
De acuerdo con los legisladores, algunos migrantes habrían sido sometidos a castigos en espacios reducidos denominados “la caja”, donde permanecen esposados durante horas, expuestos al sol y sin acceso a alimentos ni agua.
“Estas condiciones que, según reportes, sufren los detenidos, como se presume, parecen violar los estándares de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, escribieron.
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El caso reaviva el debate sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos y el respeto a los derechos humanos de las personas bajo custodia.
