La autoridad antimonopolio en México impuso multas por casi 800 millones de pesos a las empresas Praxair y compañías vinculadas a Grupo Infra por incurrir en prácticas monopólicas en el mercado de oxígeno medicinal, un insumo clave para la atención de pacientes.
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Economía, ambas firmas (consideradas entre los principales proveedores del país) incluyeron cláusulas de exclusividad en contratos con clínicas y hospitales privados, lo que impedía a estos centros de salud contratar a otros proveedores.
La investigación determinó que estas condiciones limitaron la competencia, al frenar la entrada y expansión de otras empresas, además de restringir la posibilidad de que hospitales accedieran a mejores precios y condiciones de compra.
Según la resolución, los contratos también contemplaban renovaciones automáticas y penalizaciones por terminación anticipada, aplicables tanto a hospitales existentes como a futuros clientes, lo que reforzaba el control del mercado por parte de las compañías sancionadas.
Estas prácticas se mantuvieron vigentes al menos entre 2010 y 2023, incluyendo el periodo de la pandemia de covid-19, etapa en la que la demanda de oxígeno medicinal se incrementó de forma crítica.
La autoridad señaló que la conducta tuvo un impacto directo en clínicas, hospitales y pacientes, al tratarse de un insumo vital para tratamientos médicos, especialmente en enfermedades respiratorias.
Como resultado, se impuso una multa de 723 millones de pesos a Grupo Infra y de 68 millones de pesos a Praxair.
Además de las sanciones económicas, la Comisión ordenó a las empresas eliminar las cláusulas de exclusividad en contratos vigentes, abstenerse de incluirlas en acuerdos futuros y evitar mecanismos de renovación automática.
También deberán designar a un oficial de cumplimiento y a un auditor independiente que supervise la implementación de medidas correctivas y garantice el respeto a la legislación en materia de competencia.
La autoridad subrayó que el sector salud es prioritario y aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones del mercado, con el objetivo de proteger a los pacientes.
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Las empresas sancionadas podrán impugnar la resolución ante tribunales especializados.
Con información de EFE
