Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo llegaron a un acuerdo para aprobar el plan b de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora dirán que fue un triunfo, pero en realidad se trata de uno de los grandes fracasos de la cuarta transformación.
El plan b es una reforma mínima que no cumple ninguno de los objetivos que se había planteado la presidenta: no le resta poder a las cúpulas partidistas, no le quita privilegios ni recursos a los partidos políticos, no reduce el gasto en las elecciones, no modifica la representación proporcional ni le da al voto ciudadano una mayor influencia en la designación de diputados plurinominales. No corrige lo que sí está mal en el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales, no amplía los derechos de los mexicanos en el exterior, ni introduce formas innovadoras para facilitar el voto, mejorar procesos y reducir costos.
De hecho, tira por la borda la mayoría de las más de 5 mil ideas y propuestas recabadas por la comisión presidencial de reforma electoral. Es, visto por donde se vea, un fracaso rotundo.
Qué sí cambiará
La nueva iniciativa busca 4 mil millones de pesos en los presupuestos de los congresos estatales y los ayuntamientos, limitando el número de legisladores y regidores, y tratará de hurgar en el Senado, donde los partidos aliados se negaron a la desaparición de los 32 senadores de representación proporcional.
También tratará de limitar el sueldo de los altos funcionarios electorales, para someterlos, al fin, al límite constitucional que impide que los funcionarios de la administración pública federal puedan ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo federal, que es el cargo de mayor responsabilidad en el Estado mexicano.
El plan b es una reforma descafeinada y armada sobre las rodillas para darle la vuelta al fracaso legislativo de la iniciativa original de Sheinbaum, una auténtica derrota política que hoy se trata de maquillar. Es una mini reforma que, sin embargo, tendrá efectos políticos inmediatos y puede provocar graves alteraciones y contradicciones en el orden constitucional.
Uno de los puntos clave del plan b es la reforma al artículo 35, donde se consagran los derechos de la ciudadanía, entre ellos el de promover y participar en consultas populares y en los procesos de revocación de mandato.
Por un lado, la reforma modificará el artículo que actualmente estipula que la revocación de mandato “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”, para abrir la posibilidad de adelantarla.
Se busca, en los hechos, que la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum, programada para abril de 2028 en la norma vigente, pueda coincidir con las elecciones de junio de 2027. El cambio implicará revertir un acuerdo adoptado en el Congreso en 2019, cuando la oposición condicionó su apoyo a la reforma al artículo 35 (promovida entonces por Andrés Manuel López Obrador) a que las consultas populares y el revocatorio no puedan coincidir con las elecciones.
En aquel entonces, el temor de la oposición era que AMLO y Morena hicieran la consulta de juicio a expresidentes el mismo día de las elecciones intermedias de 2021, o que el presidente usara su alta popularidad para promover su revocación el mismo día, lo que lo habría puesto en la boleta electoral.
Con los mismos temores, la oposición rechazará este cambio, pues saben que la popularidad de Sheinbaum puede jalar el voto de la coalición oficialista y sus candidatos en la elección de 2027. Y, si la reforma no sólo contiene un cambio desde fecha, sino en las reglas que actualmente limitan lo que los funcionarios públicos y la presidenta pueden hacer en periodo de campaña del revocatorio, entonces Sheinbaum no sólo estaría en la boleta, sino en la campaña, y ahí sí estaríamos ante una reforma de consecuencias impredecibles en el sistema político.
En cuanto a consulta popular, se busca eliminar el candado que tiene actualmente el artículo 35, donde a la letra se especifica que no podrá ser objeto de consulta la materia electoral. Con ello, según explicó Sheinbaum el pasado jueves, buscaría poner a consulta la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, un tema que tenía su plan a, y que fue rechazado por el PVEM y el PT.
Esta pequeña modificación podría generar una peligrosa contradicción constitucional en el futuro: ¿qué va a pasar si mediante una consulta se ordena reducir el financiamiento, garantizado como prerrogativa de los partidos y calculado anualmente conforme a una fórmula establecida en el artículo 41? ¿Artículo 35 mata 41?
Luego de ver el video en el que las lideresas de Morena y el Verde, el líder del PT, y los coordinadores parlamentarios de los tres partidos anuncian el respaldo total al plan b, se puede dar por hecho que habrá reforma. Será mínima, en comparación con los objetivos planteados originalmente por Sheinbaum, pero podría tener un efecto inmediato en la elección de 2027.
El plan b no modificará el sistema electoral ni mejorará la democracia. No fue concebido para eso. Pero sí salvará a la coalición oficialista, que votará en bloque para imponerla.
