La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este martes 17 de marzo enviará al Congreso de la Unión su “Plan B” de la reforma electoral, iniciativa que ya cuenta con el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México.
Durante la conferencia de prensa matutina del 16 de marzo, la mandataria explicó que la nueva propuesta busca reajustar el presupuesto destinado a los congresos locales y al Senado, con el objetivo de reducir privilegios.
“Nosotros seguimos luchando contra los privilegios, no puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro Congreso tendrá 25 diputados y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga cinco millones de pesos”, mencionó.
Sheinbaum adelantó que se reunirá con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar la redacción final de la propuesta.
Posteriormente, el 17 de marzo enviará el “Plan B” de la reforma electoral al Congreso de la Unión, aunque señaló que aún desconoce si será presentado primero en la Cámara de Diputados o en el Senado.
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Partidos aliados respaldan el “Plan B”
El 15 de marzo, las dirigencias nacionales y coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo anunciaron su respaldo a la iniciativa.
Ese día sostuvieron una reunión con la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre la propuesta.
El Partido Verde y el PT decidieron apoyar la reforma luego de que se retiraron dos puntos de la propuesta inicial: la eliminación de la lista para diputaciones plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Por esos motivos, ambas fuerzas políticas habían votado en contra del proyecto original el pasado 11 de marzo.
Qué plantea el “Plan B” de la reforma electoral
La propuesta presentada por Claudia Sheinbaum cambió de forma sustancial respecto a la reforma original, la cual planteaba que las candidaturas plurinominales fueran designadas mediante voto directo y no por listas de partidos políticos.
Ahora, el “Plan B” contempla principalmente la “reducción de privilegios”, enfocándose en limitar los recursos destinados a los congresos locales y al Senado.
Entre los principales puntos se encuentra establecer un tope máximo al presupuesto asignado a las legislaturas locales, lo que impactaría en el salario de los diputados. El recurso federal que deje de utilizarse permanecería en los estados para proyectos u otras necesidades.
Además, la iniciativa incluye la reducción del número de regidurías en los municipios. La presidenta señaló que algunos ayuntamientos cuentan con estructuras demasiado amplias, y puso como ejemplo a Monterrey, donde actualmente existen 28 regidores.
La mandataria estimó que reducir el presupuesto de los congresos locales y el número de regidores podría generar un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos.
