Hermosillo, Sonora.- Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron ante el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos información documentada sobre los posibles riesgos ambientales, climáticos y sociales asociados a la expansión de megaproyectos de gas natural licuado en el Golfo de California.
Durante una reunión con el relator especial Marcos A. Orellana, realizada en el marco de su visita oficial a México, representantes del Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente y del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expusieron preocupaciones sobre los impactos que podrían generar estos proyectos en ecosistemas marinos, terrestres y en comunidades que dependen de esos territorios para su subsistencia.
De acuerdo con las organizaciones, la construcción y operación de gasoductos, terminales de licuefacción e instalaciones para transporte y exportación de gas fósil podrían provocar afectaciones significativas en ecosistemas costeros, además de vulnerar derechos humanos de comunidades indígenas y poblaciones que viven de la pesca y otras actividades tradicionales en la región.
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El relator especial de Naciones Unidas es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar situaciones relacionadas con su mandato, realizar visitas oficiales a los países y emitir informes con observaciones y recomendaciones dirigidas a los Estados.
El Golfo de California es considerado una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. En sus aguas y territorios circundantes se encuentran 25 Áreas Naturales Protegidas federales, entre ellas Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, además de estar inscrito como Patrimonio Mundial por la UNESCO y figurar actualmente en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. La zona también aporta cerca del 80 por ciento de la pesca que se consume en México.
En este contexto, las organizaciones advirtieron que en la región se proyecta la expansión de infraestructura para transportar, licuar y exportar gas extraído principalmente en Texas, Estados Unidos, con destino a mercados internacionales. Señalaron además que la proliferación de estos proyectos no ha sido sometida a una Evaluación Ambiental Estratégica integral.
Entre los megaproyectos mencionados se encuentran Saguaro LNG, Amigo LNG, el Gasoducto Sierra Madre, el Gasoducto Sonora y el Gasoducto Ojinaga‑Topolobampo, este último con un ramal hacia Mazatlán.
La información entregada al relator destaca que la cadena de producción y exportación de gas natural licuado implica emisiones importantes de gases de efecto invernadero, especialmente metano, cuyo potencial de calentamiento global puede ser hasta 80 veces mayor que el del dióxido de carbono en el corto plazo.
También se advirtieron posibles afectaciones a hábitats críticos como manglares, estuarios y zonas de reproducción de especies marinas, así como un incremento del tráfico de buques metaneros en la región, lo que podría generar más emisiones contaminantes.
En tierra, los proyectos también podrían impactar ecosistemas del Desierto de Sonora, el Desierto Chihuahuense y la Sierra Madre Occidental, donde, según las organizaciones, la infraestructura energética podría alterar procesos ecológicos y el equilibrio de las cadenas tróficas.
Durante el encuentro también se plantearon preocupaciones sobre los procesos de evaluación ambiental de esta infraestructura, entre ellas la fragmentación en los estudios de impacto, la ausencia de una evaluación ambiental estratégica y dificultades para garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental.
Las organizaciones solicitaron al relator considerar la información presentada y emitir recomendaciones al Estado mexicano para prevenir daños ambientales graves asociados a la industria fósil y garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades del Golfo de California.
Cabe recordar que en septiembre de 2025 nueve relatorías especiales de la ONU enviaron una comunicación oficial al gobierno de México en la que expresaron preocupaciones sobre la viabilidad climática y legal de estos proyectos de gas fósil. En el documento señalaron que, de avanzar su construcción y operación, el país podría incumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú.
