La detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ocurrida el domingo 22 de febrero, marca un momento de alta relevancia para la seguridad pública en México. El operativo, ejecutado por fuerzas federales con apoyo de otras corporaciones, confirma que cuando el Estado actúa con coordinación, inteligencia y respaldo legal, puede ejercer el monopolio legítimo de la fuerza frente a estructuras criminales que durante años desafiaron su autoridad.
El reconocimiento institucional es pertinente. Sin embargo, la captura o abatimiento de un líder no equivale, por sí mismo, a la desarticulación del fenómeno que lo sostuvo. La experiencia comparada y la propia historia reciente del país muestran que la estrategia de “decapitación” puede producir efectos no previstos: fragmentación interna, disputas sucesorias y expansión atomizada hacia nuevas regiones. Cuando una organización con presencia internacional pierde a su cabeza visible, no necesariamente se extingue; con frecuencia se reconfigura.
El fortalecimiento de esta estructura criminal no fue espontáneo. Se consolidó en un contexto de omisiones, estrategias fallidas y, en algunos casos, colaboración indebida de autoridades en distintos órdenes de gobierno. Esa combinación permitió expansión territorial, robustecimiento financiero y redes de protección política y administrativa. La reacción violenta posterior al operativo confirma que su capacidad operativa era mayor a la que durante años se reconoció públicamente.
El riesgo ahora es que la fragmentación derive en mayor violencia regional. Las pugnas internas por el control de rutas, plazas y mercados ilícitos suelen traducirse en disputas armadas de corto plazo, con impacto directo en comunidades locales. Además, la descentralización de mandos puede multiplicar focos de conflicto.
Por ello, el desafío no termina con la captura. Exige una estrategia integral y sostenida. Limitar y desmantelar los esquemas financieros ilícitos resulta central: sin flujo de recursos, las estructuras criminales pierden capacidad de reclutamiento, corrupción y expansión. La persecución de autoridades cómplices —por acción u omisión— es igualmente indispensable para recuperar legitimidad institucional. La depuración no es un gesto simbólico, sino una condición operativa.
Asimismo, el combate a las redes de reclutamiento de jóvenes debe asumirse como prioridad preventiva. Las organizaciones criminales prosperan donde el Estado es débil y las oportunidades escasas. La política de seguridad requiere, por tanto, coordinación con políticas sociales, educativas y laborales que reduzcan incentivos de incorporación.
El fortalecimiento de policías estatales y municipales es otro eslabón crítico. No basta con equipamiento; se necesitan mecanismos estrictos de control de confianza, profesionalización continua y supervisión externa que reduzca riesgos de infiltración. La seguridad es una tarea territorial y cotidiana, no exclusivamente federal.
La magnitud del reto obliga a abandonar respuestas reactivas. La pacificación no puede depender de coyunturas ni de operativos aislados, por exitosos que sean. Requiere continuidad, inteligencia estratégica y una política de Estado que articule capacidades federales y locales con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Solo así la detención de un líder criminal dejará de ser un episodio relevante y se convertirá en parte de una transformación estructural de la seguridad pública en México.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
