La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este viernes una parte clave de la política arancelaria del presidente Donald Trump, al declarar que el Gobierno se excedió en los poderes de emergencia que invocó para imponer gravámenes a socios comerciales del país.
La decisión representa uno de los primeros grandes reveses de Trump en su segundo mandato, con una mayoría de 6-3 a favor de limitar sus facultades.
El presidente del Tribunal, John Roberts, explicó en nombre de la mayoría que la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 no otorga al presidente poderes ilimitados en tiempos de paz para establecer aranceles.
Según el fallo, usar esta ley para imponer impuestos equivaldría a delegar de manera excesiva la autoridad tributaria que la Constitución reserva al Congreso.
Los tres jueces disidentes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, argumentaron que la IEEPA sí puede aplicarse en asuntos de política exterior, respaldando así el derecho del presidente a imponer aranceles en ciertas circunstancias.
Aunque la decisión limita el uso de la IEEPA, Trump aún puede imponer gravámenes bajo otras leyes. Funcionarios de la Administración señalaron que buscarán mantener el marco arancelario mediante otras bases legales, aunque no está claro si los importadores que ya pagaron los aranceles podrán recibir reembolsos, que suman miles de millones de dólares.
Trump calificó la decisión como “muy decepcionante”, insistiendo en que los aranceles son un pilar del éxito económico de su Administración y una herramienta clave de presión internacional. Reconoció también que sería “prácticamente imposible” devolver los pagos ya realizados.
El pasado agosto, un tribunal de apelaciones del Circuito Federal había fallado contra la autoridad de Trump para imponer los llamados “aranceles recíprocos”, que varían desde el 50 % para países como Brasil e India hasta un 10 % mínimo para el Reino Unido y varias naciones latinoamericanas.
La corte también cuestionó el gravamen del 25 % aplicado a productos de Canadá, China y México, diseñado, según Washington, para reducir la entrada de fentanilo al país. Sin embargo, permitió que los aranceles permanecieran vigentes mientras el Gobierno llevaba el caso ante la Corte Suprema.
