WASHINGTON- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos entrará en un cierre parcial este fin de semana después de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo nuevos fondos. El desacuerdo gira, otra vez, en torno a la política migratoria del presidente Donald Trump, y aunque el impacto no será total, sí tocará áreas sensibles como inmigración, seguridad fronteriza y manejo de emergencias.
Aquí te explicamos qué está pasando y a quién afecta.
¿Por qué se cierra el Departamento de Seguridad Nacional?
El financiamiento temporal del DHS vence el sábado. Los demócratas han dejado claro que no respaldarán más recursos sin imponer nuevas reglas a las operaciones federales de inmigración, luego del tiroteo fatal de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis el mes pasado.
Entre sus exigencias están un código de conducta más estricto para los agentes y la obligación de que los oficiales muestren identificación visible durante operativos. La Casa Blanca negoció durante la semana, pero no hubo acuerdo antes de la fecha límite.
Paradójicamente, el propio presidente aceptó separar los fondos de Seguridad Nacional de un paquete presupuestal más amplio para ganar tiempo en las negociaciones. Ese margen se agotó el 13 de febrero.
No es un cierre total del gobierno
A diferencia del cierre de 43 días que marcó el otoño pasado, esta vez el impacto será limitado. El resto del gobierno federal tiene financiamiento garantizado hasta el 30 de septiembre.
Eso significa que:
- La mayoría de los empleados federales seguirán cobrando con normalidad.
- Programas como la asistencia alimentaria no se verán afectados.
- Las dependencias fuera del DHS continuarán operando sin cambios.
El problema está concentrado exclusivamente en las agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional.
ICE y CBP seguirán operando
Aunque el financiamiento general del DHS se detiene, ICE y CBP cuentan con recursos adicionales aprobados el año pasado dentro del paquete fiscal impulsado por los republicanos: unos 75 mil millones de dólares para ICE y cerca de 65 mil millones para CBP.
En términos prácticos, eso significa que las operaciones migratorias, incluidas detenciones y deportaciones, pueden continuar casi sin interrupciones.
Para México, este punto es clave: el cierre no implica una pausa en la aplicación de la política migratoria estadounidense.
¿Qué pasará en aeropuertos y fronteras?
En la TSA, alrededor del 95% del personal es considerado “esencial”. Eso quiere decir que los agentes seguirán revisando pasajeros y equipaje en los aeropuertos del país.
El problema es que lo harán sin recibir salario hasta que se resuelva la financiación. Ya ocurrió el año pasado y dejó a muchos trabajadores en una situación financiera complicada. Si el cierre se prolonga, podrían aumentar las ausencias y los retrasos.
En la frontera, las inspecciones y controles continuarán, aunque una crisis prolongada podría tensionar al personal.
El impacto en emergencias
En el caso de FEMA, el panorama es más delicado. La agencia verá limitada su capacidad para reembolsar a los estados los gastos relacionados con desastres naturales. Parte del personal será suspendido y la capacitación para personal de primeros auxilios en Maryland quedará interrumpida.
Si se presentara un huracán, incendios u otra emergencia durante un cierre prolongado, la respuesta federal podría enfrentar obstáculos administrativos.
¿Cuánto puede durar?
Todo depende de si los demócratas y la Casa Blanca logran un acuerdo sobre las restricciones a la aplicación migratoria. El ambiente en el Congreso es altamente polarizado, lo que complica una salida rápida.
Por ahora, el cierre es parcial y acotado. Pero si las negociaciones se estancan, podría extenderse y empezar a sentirse más allá de Washington.
