La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la acción promovida por el diputado del PAN, Germán Martínez Cázares, contra las reformas al Poder Judicial, la Ley de Amparo y la Guardia Nacional, lo que abre un proceso de revisión internacional sobre estos cambios legales.
Ante medios de comunicación, el legislador panista declaró:
“Ya activamos la justicia internacional. Ya se prendió una alarma. Y yo lo vuelvo a decir, la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José, Costa Rica”.
La denuncia fue presentada en diciembre de 2025 y tiene como objetivo impugnar las reformas que, según el legislador, contravienen la Constitución mexicana y tratados internacionales. De acuerdo con Martínez Cázares, la CIDH podría incluso realizar audiencias en territorio mexicano y analizar la aplicación de medidas cautelares.
“Implica que la presión internacional haga que se posponga la elección de jueces un año”, sostuvo el diputado panista.
“Lo que estamos llevando a la Corte es esta elección del acordeón, esta farsa de elegir jueces y que los gobernadores se despachen con la cuchara grande de sus propios juzgados. Esto implica que se detenga esa farsa”, insistió.
La CIDH confirmó que admitió el escrito presentado el 2 de diciembre de 2025 y notificó al Estado mexicano para que emita una respuesta formal a los señalamientos.
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La bancada del PAN explicó que el procedimiento iniciado no representa aún una resolución de fondo, pero sí confirma que el tribunal internacional evaluará la compatibilidad de las reformas con los compromisos internacionales asumidos por México:
“El procedimiento abierto no constituye una resolución de fondo; sin embargo, confirma que la Corte Interamericana examinará si las reformas impulsadas por la mayoría legislativa son compatibles con las obligaciones internacionales vigentes para el Estado mexicano. Una vez que las partes desahoguen la vista otorgada, el tribunal podrá determinar las diligencias adicionales que estime necesarias conforme a su reglamento”.
En contraste, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que las reformas se realizaron de manera correcta y subrayó que México no reconoce la injerencia de gobiernos u organismos internacionales en asuntos internos.
CIDH también admite queja contra el Estado mexicano por derechos de juzgadores
De forma paralela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó a trámite una petición presentada por jueces y magistrados federales, quienes denunciaron al Estado mexicano por presuntas violaciones a derechos humanos derivadas de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.
Dicha reforma, impulsada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, consistió en una modificación constitucional mediante la cual ministros, magistrados y jueces fueron destituidos para ser electos por voto popular.
El 30 de abril de 2025, un grupo de 14 juzgadores federales promovió esta acción legal, señalando afectaciones directas a sus derechos fundamentales. En el documento también se acusó que altos funcionarios del Poder Ejecutivo realizaron señalamientos públicos de corrupción y nepotismo contra jueces, sin pruebas ni procedimientos legales, lo que —según la queja— dañó su reputación y la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
La petición sostiene que la reforma, presentada como neutral, fue en realidad un instrumento de politización y captura de la judicatura.
Aunque la reforma ya se encuentra vigente, la acción internacional no busca su anulación, sino que las personas afectadas reciban una “reparación integral por la violación de sus derechos humanos”, además de contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano para futuros casos.
