Por Axel Rivera
Con el objetivo de frenar la extorsión, el robo y el uso indebido de los recursos destinados a personas adultas mayores, el Congreso del Estado de Sonora impulsa una iniciativa para reforzar el Código Penal estatal y sancionar con mayor severidad a quienes hagan mal uso de las tarjetas del Bienestar, especialmente cuando los responsables sean familiares o cuidadores.
La propuesta fue anunciada por la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra López Noriega, quien explicó que se plantea fortalecer el artículo 303 Bis, estableciendo penas de 3 a 8 años de prisión para quienes utilicen estos apoyos con fines distintos a los que fueron creados, al tratarse de un recurso destinado exclusivamente a cubrir necesidades básicas de las personas adultas mayores.
“Estamos en una iniciativa muy importante contra quien extorsione, robe o utilice el dinero de los adultos mayores que se les otorga a través de las tarjetas de Bienestar. Estamos reforzando el artículo 303 Bis, que establece una pena de 3 a 8 años de prisión para quien haga mal uso de estas tarjetas, porque ese dinero no es para gastos familiares, es para que lo utilicen los adultos mayores en medicamentos, alimentación y en lo que realmente necesitan”, expresó López Noriega.
La diputada señaló que uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es el aumento de la sanción cuando el responsable sea un familiar o cuidador directo, ya que gran parte de los casos conocidos se dan dentro del círculo cercano de las víctimas, aprovechándose de la confianza o la vulnerabilidad de las personas adultas mayores.
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Asimismo, explicó que las prácticas más comunes incluyen la retención de las tarjetas, el retiro del dinero sin consentimiento o su uso para gastos ajenos, mientras las personas beneficiarias continúan enfrentando carencias en salud, alimentación o servicios básicos. Por ello, subrayó la importancia de denunciar este tipo de situaciones ante las instancias correspondientes.
“Muchas veces quienes cometen estos abusos son las personas de mayor confianza para los adultos mayores. Por sentirse acompañados o apoyados, aceptan estas situaciones, pero aquí lo importante es que denuncien. Este recurso es para ellos y debemos protegerlo; reforzar la ley es una forma de cerrar vacíos y evitar que sigan siendo vulnerados”, afirmó.
La iniciativa será turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se analizará su alcance y viabilidad. La presidenta del Congreso indicó que desde la Mesa Directiva se impulsará el diálogo y la coordinación con otras instancias, con el fin de agilizar los procesos legislativos y dar respuesta a problemáticas que afectan directamente a sectores vulnerables como las personas adultas mayores.
