El camino hacia la reducción de la jornada laboral en México ha entrado en su etapa definitiva.
Tras una reunión estratégica con senadores de la mayoría parlamentaria, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, detalló los mecanismos técnicos que garantizarán el espíritu de la reforma: establecer un límite constitucional de 40 horas que, por aritmética laboral, derive en dos días de descanso.
Ante los cuestionamientos sobre si la ley mencionará explícitamente el derecho a descansar dos días consecutivos, el funcionario precisó que la arquitectura legal busca evitar ambigüedades mediante la fijación del tope semanal:
“Pero decirles que lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, pues bueno, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen para que son 5 días de trabajo a la semana”.
“Entonces, pues, les digo nuevamente que esta es una iniciativa, una reforma que tiene toda la fuerza de una discusión muy amplia y en ese sentido estamos también muy contentos de que sea a través de la Cámara de Senadores donde vamos a dar este paso muy relevante en la historia nacional”, explicó.
Flexibilidad y consenso sectorial
Uno de los pilares de esta propuesta es la concertación social. Bolaños subrayó que el proyecto no es una imposición unilateral, sino el resultado de un diálogo tripartito entre el sector empresarial, los sindicatos y el Gobierno.
La intención es permitir que los centros de trabajo mantengan una flexibilidad operativa negociada entre las partes:
“Por supuesto, como bien mencioné, pues estamos dejando ya 40 horas a la semana. Reitero, 40 horas a la semana a nivel constitucional y a su vez son ocho horas de trabajo al día. Con ello estamos también dejando muy claro, pues bueno, que estas son las posibilidades que están haciendo”.
Ruta legislativa y gradualidad
Por su parte, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, anticipó que el consenso político es prácticamente total, incluso con la oposición. Según el legislador, la reforma no desestabilizará la planta productiva debido a su carácter progresivo.
De los más de 23 millones de trabajadores registrados ante el IMSS, se estima que 13.5 millones serán los beneficiarios directos de este cambio, el cual no se actualizaba en el país desde 1974.
El proceso de implementación será gradual y flexible, ajustándose a los giros específicos de cada industria para asegurar que la competitividad económica no se vea afectada.
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De acuerdo con el calendario legislativo, se espera que las comisiones dictaminadoras avalen el proyecto el próximo martes, permitiendo que el Pleno del Senado someta la reforma a votación definitiva tan pronto como el miércoles de la próxima semana.
Con información de Milenio
