Texto y fotografías por Roison Figuera
Caracas, Venezuela.- A un mes de la caída de Nicolás Maduro, Venezuela sigue en la incertidumbre: mantienen a más de 700 presos políticos, ciudadanos son detenidos hasta por opinar en redes sociales sobre la política del país, el oficialismo continúa exigiendo la liberación del expresidente y Estados Unidos presume tener el control no solo del gobierno, sino de sus recursos como el petróleo.
La madrugada del 3 de enero, un misil de las fuerzas especiales estadounidenses —en el marco de la incursión a Venezuela— impactó de lleno en el Bloque 12 de la urbanización Soublette. El paisaje era de ruinas y humo.
Mientras Doris Marcano luchaba por respirar bajo el concreto que casi le quita la vida, dos pisos más arriba, la onda expansiva lanzaba a Jesús Linares contra la pared.
Aturdido y con el pitido del estallido aún en los oídos, su instinto se impuso a la desesperación: debía levantarse, poner a salvo a su hija y encontrar a su madre, que deambulaba desorientada en la oscuridad de otra habitación.
Abajo, el resto de la comunidad se encontraba en una penumbra absoluta. Elizabeth Herrera recuerda el terror de ese silencio roto sólo por nuevas explosiones.
Desde el edificio vecino, la mujer de 45 años intentaba ser el escudo de sus dos hijos; uno de ellos, de condición autista, buscaba consuelo en sus brazos mientras ella misma lidiaba con un miedo que crecía con cada estruendo.
La tragedia de este sector fue el “daño colateral” de su cercanía con el objetivo militar: la Meseta de Mamo.
A solo 4.4 kilómetros, los radares y lanzamisiles de fabricación rusa fueron el blanco principal de la Operación Resolución Absoluta, la ofensiva relámpago diseñada para neutralizar puntos estratégicos y ejecutar la captura y extracción de Nicolás Maduro.
Reportes ciudadanos coinciden en que las explosiones se escucharon a partir de la 1:58 de la madrugada. En la mayoría de las zonas atacadas las detonaciones duraron entre 10 y 20 minutos.
Con el primer retumbe muchos dijeron: “llegaron los gringos”, y otros más ingenuos pensaban cualquier otra cosa menos que la incursión estaba en curso.
La información por parte del Estado estuvo marcada por la opacidad. Los venezolanos se enteraron primero por Donald Trump de la captura de Maduro que por el oficialismo.
Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del país, apareció a las 6:00 a.m., más de una hora después que Trump, para denunciar que desconocían el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
Viraje político
El mismo 3 de enero Rodríguez firmó, junto al resto del gabinete, el Decreto N° 5.200 para restringir garantías y declarar la movilización nacional ante la agresión externa.
Días después se conoció el contenido del instrumento: el artículo 5 ordena a los funcionarios de seguridad buscar, capturar y poner a la orden de justicia a cualquier persona que haya celebrado la incursión estadounidense, medida que encendió las alertas por el riesgo de una escalada represiva.
El 5 de enero juró ante la Asamblea Nacional y bajo mandato del TSJ como mandataria encargada del país, asumiendo formalmente la presidencia bajo el alegato de “continuidad del mandato” de Maduro.
Dos días después, el 7 de enero, Rodríguez envió una carta a la administración de Donald Trump abogando por el respeto mutuo, a pesar de la captura del líder anterior: en este punto Rodríguez y el aparataje comunicacional del Gobierno hicieron a un lado los insultos a los EEUU para hablar de relaciones bilaterales.
Durante los actos y discursos, Delcy Rodríguez inicialmente calificó la acción de EEUU de “imperialista y fascista”. Pedía a su gente mantener la calma y la humildad y prometía que Venezuela no era ni sería gobernada por ningún agente externo.
Rodríguez en todo este tiempo buscaba desmentir a Donald Trump, quien desde el mismo 3 de enero dijo a medios de comunicación que ella había colaborado con EEUU y que estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para ese país.
“Han sido unos días bien complicados y bien traumáticos para la sociedad venezolana. Creo que la mayoría quedó perpleja por lo que pasó. El escenario de la extracción o captura de Maduro era uno de los menos valorados y estimados por los analistas. Fue sorpresivo para muchos”, explica el sociólogo Damián Alifa.
Parte de la conmoción social, además de todo lo ocurrido, dice, ha sido la rápida reacción de los altos jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que primero golpearon a EEUU y pocas horas después anunciaron un entendimiento con ese país.
Para el analista, el escenario que se ha comenzado a dibujar pudiera desembocar en una transición.
Lo que propone EEUU a Venezuela es lo que le hace inferir la idea anterior: reincorporación de empresas, especialmente las petroleras estadounidenses, y un flujo de comercialización del petróleo con recursos controlados por la administración Trump.
Alifa cree que hay dudas legítimas sobre si el chavismo o el sector que hoy queda encabezando el país espera que haya un cambio de circunstancias para preservarse en el poder, o jugar con la ruta que plantea EEUU sobre la transición y ganar tiempo.
“Pareciera que hay un clima de optimismo en el país”, matiza.
Sin embargo, reconoce que Venezuela viene de una etapa de grandísima represión, por lo que para los ciudadanos de oposición manifestar lo que sienten en este momento no es fácil.
“Incluso es difícil para las encuestadoras pulsar la opinión”.
En los días siguientes al bombardeo y la captura de Maduro, el oficialismo llamó a sus seguidores a la calle, pero también convocó a los trabajadores de la administración pública, un modus operandi que, de acuerdo con organizaciones, consiste en coaccionar al sector laboral que depende del Estado para llenar sus movilizaciones.
“Maduro no fue entregado. Él estaba en su residencia. Lo hicieron (la operación) vilmente porque son unos cobardes los norteamericanos. No se enfrentan frente a frente porque somos los hijos de Bolívar”, dice Arquímedes Acevedo, trabajador del sector salud que asistió a una movilización convocada por el gobierno el pasado 22 de enero.
Betty Caraballo hace seguidilla a lo dicho por Acevedo. “Queremos que el mundo se entere que el pueblo está reclamando a su presidente constitucional. EEUU violó las leyes”, declara.
Sobre la fortaleza del chavismo, Damián Alifa reconoce que la Operación Resolución Absoluta se vivió con muy poca resistencia y el discurso del chavismo, con el avanzar de los días, tuvo una ruptura en su tono combativo. Pero también es cierto, puntualiza, que tras el bombardeo no hubo una desbandada militar.
“Creo que hay suficiente fuerza para sostenerse en este momento y cuentan con cierta legitimidad por parte de EEUU que dice que se entiende con ‘el liderazgo’ y le da un respaldo político importante”, agrega.
El chavismo vive un momento incómodo. El experto detalla que ahora mismo para el PSUV, encabezado por Delcy Rodríguez, no es fácil explicar cómo se entienden con EEUU.
El chavismo busca una narrativa que se explique; tienen una gran capacidad de adaptabilidad y de cerrar filas para conservar el poder por miedo a una revancha de la oposición.
Los presos políticos
El 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció que se producirían liberaciones de presos políticos. Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal contabilizan más de mil.
Desde esa fecha han sido liberados poco más de 300; faltan al menos 700, aunque el número puede ser mayor, dicen defensores de derechos humanos al relatar que hubo aprehensiones que nunca fueron denunciadas por familiares por temor a ser perseguidos por el Gobierno.
El anuncio de la liberación de los presos políticos fue uno de los más esperanzadores, pero más cargados del último mes.
Desde entonces decenas de madres, esposas y familiares de los aprehendidos se mantienen en vigilia y pernocta en los centros de reclusión del país, a la espera de que su ser querido sea excarcelado.
El 30 de enero Delcy Rodríguez anunció el cierre del Helicoide, un recinto de reclusión señalado por la ONU y otras organizaciones como el centro de tortura más grande de Latinoamérica.
Mayra Morales escuchó el anuncio de Delcy Rodríguez en calles adyacentes del Helicoide. Es hermana de Ricardo Fonseca, un militar retirado de la Armada detenido en 2020 por la “Operación Gedeón”.
Arropada con una bandera de Venezuela y cargando una foto de su pariente en sus manos cuenta que no sabe en qué centro de reclusión está su ser querido.
Fonseca estuvo en el Helicoide por cinco años y dos meses. Hace seis meses fue trasladado a otro sitio, sin que su familia sepa hasta este momento a qué cárcel fue llevado.
“Tengo fe de que cumplan lo que dicen”, sostiene Morales.
En la cárcel Zona 7 se encuentra otro grupo de familiares en vigilia. Edward Ocariz, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), pide leer la propuesta de ley que presenta el Estado.
Para él es necesario que se tenga claro que en el país hay presos políticos desde hace más de 20 años.
Dice, enfático, que ninguna de estas personas ha debido estar presa. Exhorta a que se busquen a los responsables de esta situación, “que son todas y cada una de las personas que siguen en el poder. Ellos fueron los causantes de esta barbarie y atrocidad judicial”.
Recuerda que en los últimos 11 años hubo 19 mil judicializaciones. Lamenta que en ese mismo tiempo 26 presos políticos murieron en manos del gobierno.
Las liberaciones de los últimos días han sido tortuosas, sostiene el defensor de derechos humanos a las afueras de la cárcel donde precisamente mujeres se habían encadenado como forma simbólica de protesta.
“Sencillamente es más sufrimiento para los presos políticos, pero también para las familias. Revictimizamos a estas personas”, recalca.
En el mismo lugar, en el que hay carpas y colchones frente a un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se encuentra Evelis Cano.
Es madre de Jack Tantak, detenido en noviembre del 2025, acusado, entre otras cosas, de terrorismo y traición a la patria. Cano, de 49 años, cuenta que su hijo fue detenido bajo el argumento de haberle vendido una camioneta a un dirigente opositor.
“Queremos que ella (Delcy Rodríguez) cumpla con lo que dijo hoy”, dice. Manifiesta que en Venezuela no podría ocurrir una transición sin que sean liberados todos los hombres y mujeres que permanecen encarcelados “sin culpa alguna”.
La madre de Tantak cuenta que en los días que se ha mantenido la vigilia algunos funcionarios de seguridad han intentado correrlos del lugar. También los efectivos la acusaron de ser pagada para “hacer show y llorar” frente a la cárcel.
“Un hombre que tiene madre, que tiene abuela que lo parió con dolor no debería decir esas cosas. Estos días han sido de dolor y sufrimiento, de tortura psicológica tanto para nosotros como para nuestros privados de libertad”, menciona.
Se gesta una transición
“Han pasado demasiadas cosas en enero”, se escucha entre los ciudadanos en las calles. Lo ocurrido no detuvo el avance de la normalidad. Los primeros días la incertidumbre dominaba la conversación, pero ahora el foco está en las acciones de quienes ostentan el poder.
La velocidad del viraje político fue vertiginosa. A mediados de mes, específicamente el 14 de enero, Delcy Rodríguez informó sobre una llamada “respetuosa” con Donald Trump para abordar temas de petróleo, comercio y seguridad.
Apenas 24 horas después, durante su Mensaje Anual a la Nación (Memoria y Cuenta), anunció dos Fondos Soberanos y el cambio legal más importante desde 1975: un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos.
El objetivo de la nueva ley es radicalmente opuesto al legado de Hugo Chávez: transitar de un modelo de reservas a uno de producción masiva, flexibilizando el control estatal para atraer inversión extranjera.
El instrumento jurídico permite que empresas privadas y mixtas comercialicen, además de establecer una reducción de regalías y permitir el arbitraje internacional.
Para equilibrar la balanza política interna, el 21 de enero Rodríguez presidió el Consejo Federal de Gobierno, donde aseguró que el 71% de los recursos se destinarán al Poder Popular, una maniobra clara para garantizar la lealtad de las bases chavistas.
Esos hechos como precedentes hacen pensar a Fernando Spiritto, analista político, que “estamos con un gobierno tutelado, algo inédito en la historia contemporánea de Venezuela, y tenemos a una población con demasiadas expectativas, tanto positivas como negativas”.
Para el consultor el país está en la génesis de una transición política que, si llega a ser exitosa, podría hacer que muchos dejen a un lado el descontento de que haya sido producida por un agente externo.
El oficialismo no menciona la palabra transición, mucho menos “tutelaje”. Para el académico “es de esperarse: ellos no pueden reconocer que están operando bajo una presión extrema, no solo desde el punto de vista militar, sino económico”.
A su juicio, el margen de maniobra de Rodríguez es prácticamente cero, pero ella no lo puede reconocer de inmediato. Por eso, le resulta lógico que la presidenta encargada evite decir que esto es una transición y lo renombre como una negociación.
Spiritto advierte que Rodríguez y la cúpula del PSUV podrían jugar a ganar más tiempo, “para ver si la tormenta pasa, Trump voltea la mirada y ellos se atrincheran en el poder”.
Sin embargo, no cree que esto suceda; argumenta que hay señales desde EEUU que sugieren que la administración norteamericana sabe muy bien que “el juego favorito del chavismo es ganar tiempo”.
Recuerda las declaraciones de Marco Rubio durante su audiencia ante el Senado, en las que afirmó que la incursión militar fue el resultado del cansancio de EE. UU. de hablar con Maduro sin resultados confiables.
“Creo que esa afirmación se puede aplicar con Delcy Rodríguez”, asoma el experto.
A propósito de la transición, el analista espera que sea lo menos traumática posible y que termine con unas elecciones que tengan condiciones democráticas.
Spiritto no vaticina en cuánto tiempo podría ocurrir, pues falta mucho hasta lograr lo que él considera una Venezuela democrática: un proceso que implique un cambio en la figura del poder y en las políticas públicas.
Incertidumbre
A un mes del 3 de enero, Spiritto cree que la palabra más importante de estos días es “incertidumbre”. Explica que la gente espera que se desentrañen muchas cosas y mira, reacia, las acciones del gobierno: esperan que cumplan.
Treinta días después se mantiene el bochorno sobre la Fuerza Armada Nacional (FAN), que no tuvo margen de maniobra porque, según fuentes rusas, no supieron usar su equipamiento.
Mientras las figuras de alto perfil de la política hacen lo suyo, Venezuela camina expectante. Intentando olvidar el sonido de los misiles y esperando que la situación mejore.
Eduardo Martínez, trabajador público y habitante de Caracas, dice que este mes le costó un poco menos que el dinero le alcance. Espera que las medidas económicas que se tomen sean en favor del pueblo y que se profundicen a lo largo del año.
A 30 días de la incursión militar, la captura de Maduro y el inicio de lo que según Spiritto es una transición, en las cárceles esperan la liberación de los presos. Mayra Morales y Evelis Cano aguardan por volver a abrazar a su hermano e hijo, respectivamente, en la calle.
En tanto, en la Soublette, Doris Marcano y Jesús Linares se mantienen pacientes, esperando que el avanzar de los días borre el trauma del impacto del misil.
