ARIZONA- Para entender al estado vecino desde una frontera que vive tensos días, habría que empezar por aceptar que 2026 será el año de las incertidumbres.
El pulso de Arizona estuvo marcado en el inicio de enero por sirenas federales y los cánticos de protesta durante los últimos días. Mientras agentes de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional desplegaban operativos en distintos puntos de Phoenix y se reportaba presencia federal en Tucson, estudiantes universitarios y organizaciones proinmigrantes salieron a las calles y a los campus para expresar su rechazo.
La semana transcurrió entre órdenes judiciales, protestas y asambleas estudiantiles; el estado revivió esa tensión de los tiempos del alguacil Joe Arpaio y volvió a colocar la política migratoria federal en el centro del debate local.
La versión oficial por ahora ha confirmado un operativo en Phoenix el 26 de enero con cateos en 15 establecimientos de la cadena de restaurantes Zipps Sports Grill, el saldo fue de al menos 35 personas arrestadas.
El comunicado detalló.
“HSI Arizona, de ICE, dirigió la ejecución de más de una docena de órdenes de registro federales en varios restaurantes Zipps Grille, lo que resultó en el arresto de más de 35 inmigrantes indocumentados. Esta investigación en curso se centra en varias violaciones de leyes federales, incluyendo el empleo ilegal de extranjeros, robo de identidad y fraude documental. HSI”.
As part of a long-term criminal investigation, HSI Arizona is in the process of serving federal search warrants at 15 locations in Phoenix, Jan 26, 2026. The search warrants were authorized based on information presented to a federal judge and are being executed as part of a…
— US Attorney Arizona (@USAO_AZ) January 27, 2026
En Tucson, un video dio luz verde a la indignación y la protesta. El 23 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron una operación en South Tucson, frente a una escuela primaria, y detuvieron a varios miembros de una familia venezolana que se dirigían a una cita médica.
🚨ICE was just across the street from my house directly in front of a school that had children outside playing on the playground!!!Thanks to my neighbors who quickly took action and called me to alert me. Absolutely outrageous. For those of you who keep saying that this isn’t… pic.twitter.com/3A7SqEODQW
— (((Rep.Alma Hernandez))) (@almaforarizona) January 23, 2026
Según la representante estatal Alma Hernández, la familia tenía documentación válida y parte de ellos tenía estatus de asilo; sin embargo, ICE capturó a cuatro de cinco personas del grupo.
La legisladora denunció que la operación generó temor en la comunidad, especialmente entre residentes inmigrantes, por la percepción de detenciones arbitrarias sin respeto a la legalidad o debido proceso.
Este hecho se enmarca en un contexto más amplio de políticas migratorias restrictivas tras la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en 2025, lo cual ha incrementado las incertidumbres legales de muchos exiliados venezolanos en EE. UU,
LA CALLE SE DIVIDE
En Phoenix y Tucson las imágenes se fragmentan. Sin importar la hora, operativos federales y manifestaciones reclaman su espacio. Estudiantes universitarios y de preparatorio toman las calles de forma pacífica y organizaciones se suman a la consigna de que los agentes de ICE salgan de Arizona.
El movimiento No Kings, que agrupa a numerosos grupos progresistas a nivel nacional, ha estado promoviendo manifestaciones y “fines de semana de acción” en respuesta a las acciones de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Además, grupos como 50501 Arizona y otras organizaciones de defensa de inmigrantes han sido parte de manifestaciones recientes en el Capitolio estatal y en Phoenix contra políticas de inmigración.
Choque entre autoridades locales y federales
La gobernadora Katie Hobbs ha sido franca al decir que no puede impedir que ICE opere en Arizona, por tratarse de agentes federales, y que su rol se limita a coordinar con autoridades locales para mantener el orden público y la seguridad, sin permitir que las protestas se vuelvan violentas.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, generó controversia pública por comentar que bajo la ley de defensa propia de Arizona (“Stand Your Ground”), residentes podrían, en teoría, defenderse de agentes federales no identificados si sienten peligro inminente, comentario que fue criticado como imprudente por legisladores republicanos y federalistas.
Mayes ha enfatizado que ICE debe cumplir las leyes estatales y no operar fuera de límites legales, y se ha comprometido a procesar a agentes si violan la ley estatal.
En Tucson y otras ciudades, líderes como la alcaldesa Regina Romero y la congresista Adelita Grijalva han criticado las operaciones y llamado a proteger a las comunidades inmigrantes, describiendo acciones como “generadoras de miedo” y pidiendo rendición de cuentas.
Por el contrario, figuras republicanas como el congresista Andy Biggs han acusado a algunos alcaldes de obstruir operaciones federales, señalando que informar a la comunidad sobre la presencia de ICE puede interferir con la ejecución de mandatos federales.
Arizona quedó atravesada por un mismo hilo: la incertidumbre. Para las autoridades federales, los operativos formaban parte de investigaciones y tareas de aplicación de la ley; para estudiantes, activistas y comunidades migrantes, fueron una señal de alarma que reavivó viejos temores
