Hermosillo, Sonora.- La esposa de uno de los ingenieros privados de la libertad en una mina del municipio de Concordia, Sinaloa, denunció públicamente la falta de información y de acciones visibles por parte de las autoridades, tras la privación ilegal de la libertad de su esposo, originario de Hermosillo, Sonora.
En entrevista para Proyecto Puente, la mujer —quien solicitó mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad— relató que perdió contacto con su esposo desde la noche del 23 de enero, luego de que un comando armado interceptara a un grupo de trabajadores vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver, cuando se encontraban fuera del campamento.
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De acuerdo con el testimonio, hombres armados interceptaron a los trabajadores fuera del campamento minero y se los llevaron por la fuerza.
Aunque autoridades les informaron inicialmente que eran 10 personas privadas de la libertad, reportes periodísticos y corresponsales en la zona señalan que el número podría ascender a 14, de los cuales al menos siete serían originarios de Hermosillo.
La entrevistada explicó que su esposo, de 34 años, trabajaba desde hace dos años en la mina bajo un esquema de rotación y se desempeñaba como coordinador de seguridad.
Señaló que, a casi una semana de los hechos, las familias no han recibido información clara sobre las labores de búsqueda ni sobre qué instancias participan en la investigación.
“Nos dicen que todo está en manos de las autoridades, pero no sabemos quién los está buscando ni si realmente se están haciendo operativos”, expresó, al tiempo que pidió que la búsqueda no se limite a acciones locales y se integren más dependencias estatales y federales.
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La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) manifestó públicamente su preocupación por el caso y condenó la privación ilegal de la libertad de los trabajadores, a quienes describió como profesionales con trayectoria honesta en la industria minera.
El caso se suma a una escalada de violencia en Sinaloa que ha incluido ataques armados contra funcionarios y hechos de alto impacto, en un contexto que mantiene en alerta a familiares y organizaciones del sector minero.
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