Mientras el discurso de austeridad y cercanía con la ciudadanía sigue presente en el discurso público del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó la renovación de su parque vehicular con la entrega de camionetas Jeep Cherokee nuevas a cada uno de sus ministros, unidades cuyo valor comercial va de un millón 70 mil a un millón 777 mil pesos, sin contar posibles adaptaciones como el blindaje, que incrementan de forma considerable su precio final hasta los más de 3 millones de pesos, según el diario Reforma.
La medida fue confirmada por el propio alto tribunal, que argumentó razones de seguridad para sustituir los vehículos actuales, correspondientes a modelos 2019 y 2020, los cuales —según evaluaciones técnicas— dejaron de cumplir con los estándares necesarios para garantizar la protección de los ministros durante el desempeño de sus funciones.
De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la Corte, en esta primera etapa se adquirieron nueve unidades, como parte de un proceso más amplio de renovación de la flotilla institucional, aunque no se precisó cuántos vehículos serán reemplazados en total.
“La SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministros, con la compra de nueve vehículos”, señaló la institución, al explicar que la determinación se apoyó en opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales concluyeron que mantener las unidades actuales comprometía la operación y la seguridad institucional.
El máximo tribunal sostuvo que la compra no responde a decisiones discrecionales, sino a criterios de prevención y protección, y citó como sustento el Acuerdo General de Administración 2019. Dicho ordenamiento establece que los vehículos utilizados por la Dirección General de Seguridad pueden ser reemplazados una vez cumplidos cuatro años de servicio, o antes si las condiciones del automotor representan un riesgo, siempre que exista un dictamen técnico.
Para justificar el impacto presupuestal, la Corte aseguró que la adquisición de las nuevas camionetas se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular de mayor tamaño, con el objetivo de evitar un gasto adicional.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta compra se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido”, indicó la SCJN, al afirmar que la medida busca equilibrar el uso responsable de los recursos públicos sin poner en riesgo la seguridad de los ministros.
