La presidenta Claudia Sheinbaum nombró al excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, como nuevo titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La DGCFT es la instancia responsable de normar y operar la capacitación laboral en el país.
El nombramiento fue dado a conocer por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a través de una publicación en su cuenta de X, en la que celebró la designación.
“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo”, escribió el titular de la SEP, quien añadió que Garduño es “un funcionario ejemplar” y que su participación será “fundamental para la reforma a la educación #MediaSuperior que está en marcha con el #BachilleratoNacional”.
De acuerdo con Delgado, el nombramiento forma parte de un proceso de actualización de la oferta educativa en este nivel, el cual, señaló, “se alinea con los sectores estratégicos del #PlanMéxico y los polos de desarrollo para el bienestar”.
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¿Qué es la DGCFT?
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es la dependencia federal encargada de normar, operar, coordinar, controlar y evaluar los servicios de capacitación para y en el trabajo, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo y contribuir al desarrollo económico y social, así como al mejoramiento del nivel de vida de la población.
Cuenta con cobertura nacional y opera principalmente a través de dos redes de planteles: 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), de carácter federal, y 28 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT), organismos descentralizados de los gobiernos estatales. En conjunto, administran 282 Unidades de Capacitación y 133 Acciones Móviles.
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El subsistema ofrece 31 campos de formación profesional, 55 especialidades y 207 cursos, que abarcan desde programas presenciales regulares hasta cursos de extensión y capacitación acelerada, diseñados conforme a necesidades individuales o requerimientos empresariales.
¿Quién es Francisco Garduño?
Francisco Garduño Yáñez se desempeñó hasta mayo de 2025 como comisionado del INM, cargo que entregó el 1 de mayo de ese año al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.
Su gestión al frente del instituto estuvo marcada por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas migrantes murieron y 27 más resultaron heridas.
A finales de septiembre de 2025, Garduño ofreció una disculpa pública por estos hechos, como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial dentro del proceso en su contra por presunto ejercicio ilícito del servicio público.
En abril de 2025, un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la suspensión del proceso penal, ratificando la decisión del juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien en enero de ese mismo año ordenó suspender el procedimiento por 18 meses, condicionado al cumplimiento de diversas medidas cautelares.
Entre estas medidas se encuentran mantener una residencia fija, realizar cursos en derechos humanos y protección civil, ofrecer una disculpa pública, asegurar el cumplimiento de indemnizaciones a las víctimas y realizar supervisiones trimestrales en centros de detención migratoria.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a ocho víctimas con lesiones y a nueve familias de personas fallecidas, impugnó la suspensión del proceso al considerar que contravenía resoluciones previas y que no existió una negociación adecuada para la reparación del daño.
La organización también cuestionó que las indemnizaciones pagadas por el Estado, por un monto de 300 millones de pesos, fueran consideradas como aportaciones atribuibles a Garduño, al tratarse de recursos públicos derivados de un procedimiento distinto.
No obstante, el tribunal colegiado avaló la resolución judicial y sostuvo que, debido a la magnitud del monto, “difícilmente podrían ser cubiertas por una sola persona”, por lo que se priorizó la reparación integral del daño.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la propia fundación, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, han criticado la determinación judicial y denunciado lo que califican como “impunidad y justicia selectiva” en el caso.
