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domingo, febrero 15, 2026

Reforma de ajuste o nuevo régimen electoral: la disyuntiva de Sheinbaum

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La reforma electoral ha entrado a una semana crítica; la recta final en la elaboración de la propuesta de reforma político-electoral que habrá de enviar la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Su disyuntiva es clara: mandar una iniciativa para una reforma de ajuste del sistema electoral tal como lo conocemos, o plantear un cambio profundo de las reglas de competencia política, acceso al poder y representación popular.

Si continúa la línea trazada por las consultas hechas por la Comisión Presidencial que preside Pablo Gómez, la reforma tendría que ser de gran calado, afectando el sistema de representación proporcional que desde finales de los años 70 permite la representación de las minorías y la pluralidad en el Poder Legislativo. Esa reforma profunda tocaría también el financiamiento público a partidos, las reglas para constituir nuevos partidos, facilitar los mecanismos de democracia participativa —que hoy pasan por un esquema hiperrestrictivo—, el tamaño y funcionamiento de los organismos electorales y la ampliación de derechos ciudadanos, perfeccionando acciones afirmativas, inclusión, equidad de género, prevención de la violencia política contra las mujeres e incorporación de voto electrónico y a distancia.

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Todos esos temas están en el diagnóstico y las propuestas que entregaron la semana pasada los integrantes de la comisión a la presidenta Sheinbaum, quien esta semana tendrá al menos dos reuniones clave para el futuro de la reforma: el lunes, con la dirigencia de Morena y los coordinadores parlamentarios, donde analizarán los escenarios de negociación con los partidos aliados, PVEM y PT. De ellos depende en gran medida el alcance de los cambios, pues cuentan con los votos necesarios para una reforma constitucional en ambas Cámaras del Congreso.

La otra reunión ocurrirá el miércoles, entre la presidenta Sheinbaum y la Comisión, en la que confluyen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; su jefe de oficina, Lázaro Cárdenas Batel; su consejera jurídica, Esthela Damián; el titular de la Agencia Digital, José Peña Merino; el coordinador de asesores, Jesús Ramírez; el exministro Arturo Zaldívar, junto con Pablo Gómez y su equipo, quienes ya arrastran el lápiz, pero dependen de las definiciones finales de Sheinbaum para redactar la iniciativa.

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La Comisión se reunirá antes con las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). El lunes, al mediodía, se prevé que la consejera presidenta Guadalupe Taddei entregue un documento a Pablo Gómez con las propuestas técnicas consensuadas en el Consejo General, que apuntan a una reforma de ajuste y no de fondo. Entre las propuestas del INE no hay cambios radicales al sistema electoral; se plantea sostener la experiencia técnica, defender la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), perfeccionar la fiscalización de campañas, mantener el financiamiento público, respetar el Servicio Profesional Electoral Nacional, legislar sobre sobrerrepresentación y modificar las fechas de la elección judicial de 2027 para evitar su empalme con comicios federales y locales.

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Las cavilaciones de la presidenta Sheinbaum, en un contexto nacional e internacional complejo, girarán en torno a estos temas. Será una de las decisiones más importantes de su sexenio, pues de las nuevas reglas de competencia política dependen el futuro del sistema de partidos, la continuidad de la Cuarta Transformación, la solidez de la coalición gobernante (Morena-PVEM-PT) y la supervivencia de la oposición, que ya ha comenzado a llamar a la reforma electoral la “Ley Maduro”, acusando una posible reforma regresiva que —según su narrativa— convertiría a México en un régimen autoritario similar al de Venezuela.

Todo un tema, pues la Cuarta Transformación no ha logrado, en siete años, concretar reformas electorales previas, contenidas en los planes A, B y C de Andrés Manuel López Obrador. La reforma política de Sheinbaum podría convertirse en un parteaguas histórico o en un ajuste limitado a las reglas de acceso al poder y competencia partidista. En ambos casos, las consecuencias podrían verse tan pronto como en la elección de 2027.

Aviso

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