Hermosillo, Sonora.– A pesar de que no existe autorización del gobierno mexicano ni se han iniciado trámites formales ante instancias federales, en Arizona ya se analiza y se cabildea un proyecto para construir una planta desalinizadora de gran escala en Sonora, reveló el periodista Jesús Ibarra, colaborador de Proyecto Puente, tras revisar documentación oficial presentada ante autoridades estadounidenses.
La propuesta fue ingresada por el consorcio Acciona–Fengate ante la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura Hídrica de Arizona (WIFA) y plantea construir la desaladora en Bahía Adair, una zona de humedales ubicada a 37 kilómetros al noroeste de Puerto Peñasco, reconocida por el Gobierno de México y la UNESCO como sitio Ramsar desde 2009, dentro del Alto Golfo de California.
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De acuerdo con la investigación periodística de Ibarra, el proyecto se encuentra entre las cuatro propuestas que actualmente analiza WIFA y, aunque no cuenta con permisos del lado mexicano, ya presenta avances técnicos, financieros y de cabildeo. Incluso, autoridades del organismo estadounidense han reconocido que se explora la búsqueda de socios en Sonora y Baja California en una segunda fase del proceso.
“El lenguaje utilizado por WIFA deja ver que, aunque el proyecto no está aprobado, ya se trabaja en la construcción de alianzas y acuerdos potenciales del lado mexicano”, documentó Jesús Ibarra, quien subrayó que el organismo estadounidense ha mantenido una postura cauta y de bajo perfil público respecto al tema.
Proyecto en humedal sensible
La propuesta contempla producir hasta 185 millones de metros cúbicos de agua al año para abastecer a Arizona durante la próxima década, con la posibilidad de duplicar esa capacidad para atender también la demanda de California. Para ello, se requeriría la construcción de infraestructura adicional, como un acueducto, además de permisos binacionales y autorizaciones ambientales en México.
Bahía Adair es considerada una zona ambientalmente sensible debido a su biodiversidad y a la presencia de especies clave para el equilibrio ecológico del Alto Golfo de California. Aunque no cuenta con una figura federal adicional como Área Natural Protegida, su designación Ramsar implica compromisos de conservación y manejo sustentable.
“Es apresurado y poco diplomático”
Para José Luis Jardines, especialista en temas del agua y exdirector de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Sonora, el avance del proyecto desde Arizona resulta “apresurado y poco diplomático”, ya que este tipo de obras deben discutirse entre gobiernos nacionales, no a nivel estatal.
“Este no es un tema que pueda resolver Arizona por su cuenta. Tiene que ser tratado entre México y Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Sin un acuerdo binacional, el proyecto simplemente no puede avanzar”, afirmó.
Jardines recordó que el Tratado de Aguas de 1944 regula la distribución del agua entre ambos países y que cualquier infraestructura para exportar recursos hídricos implica decisiones de soberanía nacional. Además, cuestionó los costos reales de operación de una desaladora de esta magnitud y el enorme consumo energético que requeriría.
“Están manejando números muy alegres. Una desaladora no solo es construirla, sino operarla y mantenerla durante décadas. No es un proyecto sencillo ni inmediato”, advirtió.
