Hermosillo, Sonora.- La reciente investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el rescate de 10 menores víctimas de trata con fines de mendicidad volvió a evidenciar una realidad constante en México: la pobreza extrema que empuja a cientos de familias a sobrevivir en condiciones infrahumanas.
De acuerdo con el abogado y académico Jorge Pesqueira, detrás de estos casos hay una combinación de factores legales, sociales y culturales que perpetúan el problema.
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Explicó que aunque la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, vigente desde 2012, contempla sanciones severas de hasta quince años de prisión —o incluso más cuando existe parentesco con la víctima—, su efectividad se ve limitada por la falta de atención a las causas estructurales que originan la mendicidad.
“La desigualdad económica y social propicia sucesos como este y que haya personas que aprovechan la vulnerabilidad de mujeres indígenas, afroamericanas, que están en condiciones de vulnerabilidad”.
Pesqueira señaló que la explotación infantil con fines de mendicidad no siempre es vista como un delito, sino como una forma de supervivencia. Sin embargo, detrás de esa práctica pueden existir redes organizadas que lucran con la vulnerabilidad de las personas.
En el caso de Sonora, observó que la presencia de mujeres indígenas con niños en los cruceros se ha convertido en una escena habitual, una estrategia que apela a la empatía de los automovilistas y deja ganancias a terceros que manipulan la compasión ajena.
“En cualquier ciudad del estado de Sonora aparecen personas que ubican en los cruceros a mujeres indígenas, con el niño incluso en su en su pecho o en su espalda para crear una mayor sensación de dolor por parte de la persona que va conduciendo, da o aporta alguna cantidad adicional”.
Aun cuando el marco jurídico es claro, las instituciones locales y municipales han mostrado desinterés en aplicar las medidas de prevención y protección.
Para el especialista, el problema radica en que las leyes existen solo en el papel, mientras las familias continúan enfrentando hambre y marginación. Esa desigualdad, advirtió, se ha convertido en el verdadero motor de la mendicidad forzada.
Pesqueira sostuvo que criminalizar la pobreza no resuelve el problema. A su juicio, muchos padres y madres aceptan estas prácticas por desesperación, no por malicia.
En contextos donde la comida escasea y no hay acceso a educación o salud, entregar a un hijo para que pida dinero puede parecer la única alternativa. Por ello, consideró que la justicia debe analizar el contexto y no solo castigar la consecuencia.
En cuanto al papel de la ciudadanía, el académico hizo hincapié en la importancia de observar con atención los casos que se presentan en las calles. Dijo que cuando se advierte un patrón repetido —como adultos con varios niños en distintos puntos de la ciudad—, es necesario reportarlo a las autoridades, ya que puede tratarse de explotación.
Finalmente, el especialista planteó que enfrentar este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil. En su opinión, la mendicidad forzada es solo un síntoma de una desigualdad histórica, una herida que no sanará mientras las políticas públicas sigan ignorando las necesidades básicas de millones de personas.
Según Pesqueira, la solución no depende únicamente de la aplicación de la ley, sino de un cambio profundo en la forma en que el país aborda la justicia social.
México —afirmó— es una nación rica, pero profundamente desigual; y mientras esa brecha persista, seguirán apareciendo niños y niñas en las calles pidiendo lo que el Estado les ha negado.
El director realizó una invitación a los infantes rescatados, que en caso de que estén en la ciudad por consentimiento de sus padres, puedan ingresar a tener un mejor futuro en Ciudad de Los Niños.
“Si los niños y niñas rescatadas están en Hermosillo en razón de que sus papás lo consintieron, yo quiero señalar que no hay mejor sitio para que su vida cambie que Ciudad de Los Niños”.
