La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó sobre la apertura de dos carpetas de investigación por el delito de “obstrucción a las vías de comunicación”, derivadas de los bloqueos registrados en distintas avenidas de Tepic por parte de trabajadores sindicalizados.
En un comunicado, la FGE precisó que “como resultado de los primeros actos de investigación, se cuenta con evidencia que ha permitido identificar a por lo menos 200 personas involucradas”.
Desde mediados de agosto, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) mantiene un plantón permanente frente al Instituto Laboral Burocrático y el Palacio de Gobierno, para exigir el reconocimiento legal de su Comité Ejecutivo y de su secretario general, Óscar Cedano, así como el cumplimiento de otros derechos laborales.
De acuerdo con la fiscalía, en las próximas horas los señalados serán citados para presentarse ante el Juez de Control, con el fin de formularles imputación. Sin embargo, no se precisó si esto implica la solicitud de órdenes de aprehensión.
La institución agregó que, “garantizando los derechos de defensa, se solicitará como medida cautelar la prohibición de acercarse a las principales vialidades del estado y otras”. En el caso de servidores públicos, se pedirá “la suspensión temporal del cargo y suspensiones económicas”.
Por su parte, el SUTSEM calificó las acciones del gobierno como intimidatorias, al señalar en un comunicado que “en un hecho histórico a nivel nacional en Nayarit un gobierno morenista amenaza a los trabajadores sindicalizados, en respuesta a la manifestación que se realizó el jueves 16 de octubre de 2025”.
El sindicato afirmó que las medidas buscan “sembrar miedo en la clase trabajadora” y responsabilizó directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de la seguridad de los trabajadores y del secretario general, Óscar Flavio Cedano Saucedo.
El 11 de septiembre de 2025, la justicia federal resolvió el Amparo en Revisión 734/2025, confirmando la sentencia del 12 de junio del mismo año emitida por el Juzgado Segundo de Distrito. En ella, se declaró improcedente el recurso del Instituto Laboral Burocrático y se obligó a reconocer a Óscar Flavio Cedano Saucedo como secretario general del SUTSEM.
La resolución federal estableció que las autoridades laborales actuaron fuera de la ley y reafirmó el derecho del sindicato a representar legalmente a sus agremiados y a manifestarse pacíficamente.
La Constitución mexicana, en sus artículos 6, 7 y 9, garantiza la libertad de expresión, la difusión de información, la reunión pacífica y el derecho a presentar protestas y peticiones ante las autoridades, siempre que sean pacíficas.
Además, tratados internacionales ratificados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), protegen en su Artículo 19 la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas. El Artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y el 22 garantiza la libertad de asociación, incluyendo sindicatos y otras organizaciones.
No obstante, el Artículo 169 del Código Penal del Estado de Nayarit establece sanciones de cinco días a dos años de prisión y multa de hasta cinco días de salario a quien “por cualquier medio destruya, deteriore u obstruya las vías de comunicación y medios de transporte de uso público que no sean de jurisdicción federal”.
Aunque dicho artículo no menciona expresamente las manifestaciones, puede interpretarse para sancionar bloqueos de vialidades, como los ocurridos durante las protestas recientes en la capital nayarita.
Organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconocen que la protesta pacífica es un derecho fundamental, pero advierten que su ejercicio debe equilibrarse con la seguridad pública y el orden general.
Durante 2025, varias manifestaciones en Nayarit bloquearon avenidas en defensa de personas involucradas en conflictos legales, como cañeros tras un accidente vial, bomberos que denunciaron un asalto y familiares de una mujer acusada de presunta agresión sexual. Sin embargo, a diferencia de los trabajadores del SUTSEM, estos manifestantes no enfrentaron investigaciones ni medidas legales.
Cabe destacar que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha participado en manifestaciones en el pasado. En 2005 protestó frente al Tribunal Electoral del Estado de Nayarit (TEEN) tras perder la candidatura del PRI a la gubernatura frente a Ney González. Un año después, ya en el PRD, participó en el bloqueo de la Avenida Reforma en la Ciudad de México, en reclamo de fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador.
El 10 de junio de 2023, cuando Adán Augusto López buscaba la candidatura presidencial de Morena, Navarro organizó la “Marcha por la Defensa de los Derechos Sociales”, criticada en redes sociales por bloquear avenidas y por el presunto acarreo de personas, entre ellas trabajadores del gobierno estatal.
