La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la nueva Ley de Aguas Nacionales busca poner fin al comercio privado del agua y establecer un mayor control estatal sobre su distribución, con el objetivo de garantizar un uso equitativo y sustentable del recurso.
En respuesta a una pregunta del periodista Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, la mandataria precisó que la iniciativa —actualmente en manos del Congreso de la Unión— propone que las concesiones otorgadas a particulares ya no puedan ser vendidas o transferidas entre privados. En su lugar, deberán regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que será la encargada de reconcesionarlas mediante un proceso más ágil y transparente.
“Lo que ya no se va a permitir es que un privado con concesión de agua pueda vender sus derechos a otro privado. Esos derechos deberán devolverse a la Conagua y reconcesionarse desde ahí, con un sistema más expedito”, puntualizó Sheinbaum.
La presidenta destacó que actualmente existen distritos de riego con concesiones de grandes volúmenes de agua que, pese a no pagar derechos por tratarse de uso agrícola, revenden el recurso a municipios para consumo humano, generando beneficios económicos privados sobre un bien nacional.
“El agua es un bien de la nación. No puede ser que un distrito de riego, que no paga derechos, venda agua potable a un municipio y obtenga ganancias. El agua que no se utilice deberá regresar a la Conagua para que sea ésta quien la concesione directamente a quien la necesite”, explicó.
Sheinbaum subrayó que la propuesta busca poner orden en la distribución y uso del agua en coordinación con los organismos estatales y municipales, garantizando que el acceso sea un derecho y no una mercancía.
