Nogales, Sonora.- El Congreso del Estado de Sonora, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, llevó a cabo un parlamento abierto en Nogales con especialistas, autoridades locales, policía municipal, organizaciones civiles, alumnado de derecho y ciudadanía.
El objetivo fue enriquecer la iniciativa que propone aumentar hasta en una mitad las penas del artículo 234-A del Código Penal cuando la violencia familiar afecte a personas embarazadas o con discapacidad.
La diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) explicó que la reforma mantiene el tratamiento psicológico obligatorio para la persona agresora y la persecución de oficio del delito, mientras incrementa las penas existentes.
Valenzuela Nevárez señaló que la iniciativa se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 16, que promueve paz, justicia y reducción de la violencia.
Subrayó que, aunque el Código Penal de Sonora ya contempla agravantes por violencia familiar contra niñas, niños, adolescentes o por razones de género, es necesario reforzar la protección de personas embarazadas y con discapacidad.
Durante la consulta, los participantes propusieron revisar la distribución de defensores de oficio, capacitar al personal de las fiscalías, difundir las normas legales y derechos, así como incluir a mujeres en periodo de puerperio y personas con enfermedades mentales.
Para cerrar el parlamento, el diputado René García Rojo reiteró que la iniciativa busca proteger a sectores vulnerables, fortalecer las penas existentes y cumplir con compromisos internacionales.
Destacó que legislar significa garantizar justicia, dignidad y protección a los grupos más necesitados.
