Sentencia histórica. Tres de los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo (Moraes, Dino y Carmen Lucía) ya han votado contra Jair Bolsonaro. Ayer, el juez Luiz Fux emitió su voto señalando que el Supremo no tenía competencia para resolver este caso y solicitó la absolución de Bolsonaro.
Mañana será el turno del último magistrado, el juez Cristiano Zanin, cuyo voto se presume también será contrario al expresidente. Pero con tres de los cinco votos, Bolsonaro, ha sido hallado culpable. Ahora queda por ver cuál será la pena que podría llegar hasta más de 40 años de cárcel. De todas maneras, el expresidente no ingresará de inmediato la cárcel, ya que sus abogados pueden presentar un recurso.
Más allá del valor histórico de esta sentencia en defensa de la democracia y de condena al intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 (además de otros 4 delitos), la polarización política seguirá no solo presente sino en aumento de cara a las elecciones de octubre de 2026.
Bolsonaro no podrá ser candidato presidencial en estas elecciones, no solo por esta sentencia, sino también por la sentencia previa del Tribunal Supremo Electoral, que lo inhabilitó por 8 años.
Desde el sector bolsonarista se impulsa la aprobación de una ley de amnistía, aunque incluso si prosperara, podría ser vetada por el presidente Lula o declarada inconstitucional por el propio Supremo.
Lo más relevante es que estamos ante una decisión de gran trascendencia en defensa de la democracia y de la institucionalidad. Un fallo histórico no solo para Brasil, sino también para América Latina y el mundo, emitido pocos días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, el próximo 15 de septiembre.
Cabe destacar que, además del reciente juicio ante el Supremo Tribunal Federal, el expresidente Jair Bolsonaro acumula otras dos condenas dictadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La primera de ellas ocurrió en junio de 2023, cuando, por cinco votos contra dos, fue sancionado por haber convocado en el Palacio de la Alvorada a un grupo de embajadores con el objetivo de desacreditar el sistema electrónico de votación. La segunda se produjo en octubre del mismo año, cuando Bolsonaro y su entonces compañero de fórmula, el exgeneral Braga Netto, fueron condenados por el pleno del TSE a ocho años de inelegibilidad debido al uso electoral de las celebraciones del 7 de septiembre de 2022. Como consecuencia de estas dos sentencias, Bolsonaro se encuentra inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030.
Ante este escenario, sus partidarios exploran distintas vías para revertir su situación jurídica. Una de ellas es la aprobación de una amnistía en el Congreso, aunque, de prosperar, podría ser vetada por el presidente Lula e incluso declarada inconstitucional por el propio Supremo.
Otra alternativa que se menciona es la concesión de un indulto en caso de que un candidato de derecha o extrema derecha gane las elecciones de 2026. En ambos escenarios, el voto del ayer del ministro Luiz Fux —quien sostuvo que el Supremo no tenía competencia para juzgar el caso y pidió la absolución de Bolsonaro— podría ser invocado como base jurídica para legitimar una eventual amnistía o indulto.
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Tal como señalamos en nuestro análisis previo, la democracia brasileña enfrenta un largo camino por recorrer, plagado de amenazas y desafíos que seguirán poniendo a prueba su resiliencia institucional y su capacidad de frenar la polarización y radicalización política.
Con información de López-Dóriga Digital
