Una de las instituciones de la democracia más mancilladas en los últimos años es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora llega a una hora crucial: la calificación de la elección judicial y su propia transición.
Sumido en escándalos de diversa índole desde hace tres años, disminuido a cinco de los siete integrantes que deberían integrar su Sala Superior y dividido, este tribunal tendrá la última palabra en la elección de más de 800 cargos federales del Poder Judicial, desde los juzgados de Distrito hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según la estadística que ha hecho pública el propio Tribunal Electoral, la elección judicial ha generado 4 mil 958 asuntos recibidos por el tribunal, de los cuales se han resuelto 4 mil 240; es decir, el 85.5 por ciento.
La mayor parte de esos asuntos (mil 125) se resolvieron en noviembre de 2024, en la etapa de preparación de la elección. Después, en febrero de 2025, se resolvieron 821 asuntos, en la etapa de registro de candidaturas. Y finalmente, en mayo, se resolvieron 346 asuntos en el mes previo a la jornada electoral.
Casi el 60 por ciento de los asuntos se han resuelto por mayoría, y no por unanimidad, lo que habla de la división en la Sala Superior.
Aun más, los datos indican que hay un bloque conformado por la magistrada presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que ha votado sistemáticamente a favor de las posturas de Morena y el oficialismo en este proceso.
Ese bloque ha apoyado las decisiones adoptadas por la mayoría de Morena en el Congreso, con relación al proceso mismo, la conformación de los comités de evaluación, las listas de candidaturas, el desechamiento de quejas de candidatas y candidatos, y avalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum y otros servidores públicos pudieran promover el voto durante las campañas.
Otro bloque, crítico de esas decisiones, está conformado por la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez, el expresidente de la Sala Superior que, en diciembre de 2023, fue depuesto por el bloque de Soto y los Felipes
Si se observa la estadística de la elección judicial publicada por el TEPJF, se puede observar que Reyes Rodríguez ha votado en contra en 54.27 por ciento de los asuntos resueltos, mientras que Janine Otálora votó en contra en el 51 por ciento.
La división de la Sala Superior será un factor en las próximas semanas y meses, cuando el Tribunal resuelva los 718 asuntos relacionados a la elección judicial que aún están pendientes.
¿Qué asuntos deben resolverse aún?
Uno de los temas de próxima resolución gira en torno a las impugnaciones presentadas en contra de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior (dos) y de las cinco Salas Regionales (15), pues la Constitución dice explícitamente que esto le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El magistrado Reyes Rodríguez ha propuesto que se turnen ya estos asuntos a la SCJN, pero en el bloque mayoritario se opina que la Sala Superior puede resolverlos.
Así, los asuntos han quedado entrampados y, el pasado miércoles, la Sala votó porque se retirara el proyecto de sentencia de Rodríguez para que todas las magistraturas tengan más tiempo para resolverlo.
Es clara la resistencia del bloque oficialista a que la Corte -presidida aún por la ministra Norma Piña- resuelva los litigios relacionados con la elección de 17 magistraturas del Tribunal Electoral.
También es previsible la negativa del bloque mayoritario (Soto, De la Mata, Fuentes) a que se investiguen a fondo las impugnaciones a la elección judicial, derivadas de prácticas cínicas, como la producción y distribución de acordeones (guías de voto) entre la ciudadanía.
Ya la semana pasada, la Sala Superior desechó una petición de una organización, que impugnó la decisión del INE de no entrar a fondo en la investigación del reparto de acordeones en la Ciudad de México. Y, aunque e n esa decisión, la magistrada Janine Otálora acompañó al bloque de tres (y Reyes Rodríguez fue el único que votó en contra), lo cierto es que aún hay decenas de asuntos relacionados con anomalías ocurridas durante los comicios.
Otros asuntos que deberán resolverse entre julio y agosto tienen que ver con peticiones de recuento de votos, financiamiento de las campañas, impugnaciones de más de 40 candidaturas ganadoras cuyo triunfo fue invalidado por el INE después de los comicios, y los juicios que se han interpuesto para pedir que se invalide el proceso en general, por haberse violado los principios de certeza y equidad en la contienda.
La conformación de la Sala Superior
Pero la crisis en el Tribunal Electoral no concluirá con la calificación de la elección judicial.
Vendrá después el relevo de sus cinco Salas Regionales, conformadas a partir de septiembre por tres magistraturas electas el pasado 1 de junio, y la llegada de dos nuevos integrantes a la Sala Superior: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes cargarán con el estigma de haber sido los candidatos señalados en los acordeones elaborados y difundidos por Morena.
Es decir, pese a su trayectoria y experiencia en materia electoral, su denominación de origen será la operación acordeón, y con ello tendrán que lidiar a la hora de resolver los litigios electorales que ocurran en la próxima década en México.
Otro asunto, que no es menor, agitará las aguas en un Tribunal que desde noviembre de 2023 está incompleto, y éste es la probable renuncia de la magistrada Janine Otálora, quien ha comunicado a algunos de sus colaboradores su decisión de irse en septiembre.
En caso de que esto se confirme, la Sala Superior volverá a quedar incompleta, pues los cinco magistrados actuales tenían un mandato extendido hasta 2027, fecha en la que se prevé la elección de sus relevos.
Si Otálora se va, la Sala quedará con seis de siete integrantes, y no solo eso: también perderá una de sus voces más sensatas, progresistas, críticas e inteligentes en un Tribunal que no pasa por su mejor época.
