Por: Juan Carlos López Torrero
La Agenda 2030, impulsada por la ONU, plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para mejorar la calidad de vida de millones de personas. Se trata de un esfuerzo global que reconoce que problemas como el cambio climático, la exclusión social o la violencia no pueden abordarse de forma aislada por cada país.
México adoptó esta agenda en 2016 y ha ido integrando sus principios en distintas políticas públicas. Uno de los más relevantes es el ODS 11, que promueve ciudades sostenibles. En particular, la meta 11.7 plantea:
“Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
El desafío no se reduce a plantar más árboles, sino a planificar espacios pensados para el bienestar colectivo. La sustentabilidad urbana exige equilibrio entre las dimensiones ecológica, económica y social, y eso implica diseñar áreas verdes que no solo beneficien al medio ambiente, sino también fortalezcan la cohesión social, la salud y la equidad. Incorporar especies nativas, infraestructura adecuada y criterios de accesibilidad contribuye a optimizar el uso de los espacios, reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.
Para medir avances, la ONU propuso dos indicadores:
11.7.1. “Proporción media de la superficie construida de las ciudades que es espacio abierto de uso público para todos, por sexo, edad y personas con discapacidad”.
11.7.2. “Proporción de personas víctimas de acoso físico o sexual, por sexo, edad, estado de discapacidad y lugar de ocurrencia, en los últimos 12 meses”.
En 2020, según Agenda2030.mx, Sonora tenía apenas 4 % de suelo urbano destinado a espacio público abierto, muy por debajo del 45 % recomendado por ONU-Hábitat (30% vialidades y 15% áreas verdes). Sin embargo, el indicador 11.7.2 aún no ha sido construido, lo que limita la comprensión de cómo el acoso y la violencia en espacios públicos afectan a distintos grupos sociales. Sin esta herramienta, es difícil visibilizar las desigualdades en el acceso y uso del espacio público urbano, especialmente entre mujeres, personas mayores, infancia y personas con discapacidad.
Esta situación cobra relevancia al considerar el déficit de espacios públicos y áreas verdes en Hermosillo, así como las múltiples barreras que dificultan su acceso. Estas barreras no son solo físicas —como la distancia, los horarios o la conectividad—, sino también sociales: el temor a la inseguridad, la percepción de abandono, la carencia de infraestructura y, especialmente, la limitada capacidad institucional para atender casos de acoso o violencia. Bajo estas condiciones, el uso de estos espacios se ve considerablemente restringido para ciertos grupos de la población.
El enfoque de género y la sostenibilidad socioambiental son clave para entender cómo las desigualdades afectan el uso de los espacios verdes públicos. Aunque 2030 está cerca, la Agenda 2030 permite visibilizar necesidades ya existentes y resalta la urgencia de contar con datos actualizados que sirvan para diseñar políticas urbanas más sensibles a las experiencias de mujeres, infancias, personas mayores y con discapacidad.
La participación ciudadana con conocimientos técnicos es clave para generar información sobre la ciudad, especialmente ante las limitaciones que enfrentan muchos gobiernos locales, como reconoce la propia Agenda 2030. Sin embargo, estandarizar metodologías y conceptos para producir datos comparables sigue siendo un desafío. Solo mediante una ciudadanía organizada desde distintos frentes, y con gobiernos que garanticen el acceso a la información, será posible ampliar la base de datos urbanos y avanzar hacia ciudades más justas, donde la sostenibilidad también implique equidad.
